64 infractores y ninguno procesado
Uno de los casos más resonante fue el de Aires del Llano en Santo Tomé. Recordemos que en junio de 2013 se detectaron 64 domicilios enganchados a la red pública. En esa oportunidad, el jefe del operativo que reveló que en Aires del Llano había 64 enganchados, dijo que nunca le tocó vivir algo igual en la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
Como no pasó nada, el 5 de enero de este año, Aires del Llano volvió a ser noticia. En esta oportunidad, el enganchado era el propio country, ya que en la inspección a la Planta de Efluentes de Líquidos Cloacales se encontró una conexión clandestina a la red pública. Este hurto venía desde hace años y no pudo ser cuantificado, se labraron las actas correspondientes para que el departamento técnico cuantifique las pérdidas y las multas a aplicar. También se evaluaría la denuncia penal para los responsables. Por su forma y técnica se podría calificar de “hurto calificado”, porque se hizo liberadamente para perjudicar a la empresa.
Pasaron los días y la EPE no ha dado a conocer el monto del fraude, ni las multas aplicadas, ni los responsables de la maniobra delictiva. Tampoco se sabe si hicieron las denuncias penales o si se constituyeron como querellantes para impulsar la causa y logran condenas ejemplificadoras.
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Siga, siga... Si total nunca hay culpables. Tal vez si se probara con sanciones más duras, se tomaría conciencia y se disminuirían las “perdidas no técnicas”.
Según los informes técnicos de una auditoría interna, la cifra rondaría los $900 millones anuales en las ciudades de Rosario y Santa Fe.
Lo paradójico es que la EPE detecta a los infractores pero no actúa con la severidad que merecería este tipo de acción, que luego todos los usuarios debemos pagar con aumentos de tarifas para poder nivelar los perjuicios recibidos.
El otro capítulo es la morosidad, especialmente la originada durante a la pandemia, donde muchas pymes y residentes acumularon una deuda que hoy es imposible pagarle por mas planes que se le ofrezca.
