La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario ordenó dar nuevamente curso a la causa penal por contaminación ambiental que involucra Petroquímica Bermúdez (ex Electroclor), en el cordón industrial de la zona norte del Gran Rosario.
De esta forma, ratificó el fallo de primera instancia suscripto por el juez de la ciudad de San Lorenzo, Carlos Gazza en octubre del año pasado. Esto dejó sin efecto la resolución del juez Juan José Tutau que suprimía la acción penal contra los acusados.
Con este giro en la causa, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra tendrán la posibilidad de acusar penalmente y llevar a audiencia imputativa a Sergio Taselli y Matías Gallegos, dueños de la firma química, por el delito de alta gravedad de contaminación ambiental.
Hacia 2017, Miguel Lifschitz como gobernador ordenó a Fiscalía de Estado que investigara un escape de gas cloro desde el predio abandonado de Petroquímica. La orden había sobrevenido luego de conocerse trastornos en la salud de alumnas de la escuela Nuestra Señora de los Milagros y en trabajadores de la planta de Celulosa Argentina.
El ex fiscal de Estado Adjunto, Luzzini, intervino de una manera que le valió la reprimenda del fiscal Schiappa Pietra: "Fue patética", diría luego, al pedir la acusación penal. Dos años después de aquella orden del Ejecutivo, el entonces juez Tutau –hoy, jubilado– cerró la causa porque el fiscal sanlorencino Juan Carlos Ledesma desistió de investigar y preparar una acusación. Así extinguieron la acción penal contra Sergio Taselli, su hijo Máximo, y Matías Gallegos.
A su turno, Ledesma declaró que había sido su superior, Patricio Serjal, quien le había dado la orden de archivar la causa contra la ex Electroclor. Serjal sería destituido luego tras quedar al descubierto en una acusación por coimas y tráfico de influencias a favor del capitalista del juego clandestino, Leonardo Peiti.
Con el viento a favor que hallaron los dueños de Petroquímica Bermúdez en los tribunales de San Lorenzo ganaron un par de años de alivio. Pero los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra acudieron a la Cámara Penal. La sala integrada por las juezas Georgina Depetris, Carolina Hernández y Alfredo Ivaldi Artacho, les dio la razón y reabrieron la causa.
En el tiempo transcurrido Fiscalía continuó recabando pruebas, como muestras de agua y tierra en el predio fabril, y constan en la causa alimentada por una nueva denuncia de organizaciones ambientalistas radicada a fines del año pasado.
Taselli había adquirido Electroclor tal como había hecho antes con otras empresas a las que desinvirtió y dejó caer. Cuando Celulosa Argentina dejó de comprarle cloro para su proceso de blanqueo de papel, la compañía –ya con la razón social Petroquímica Bermúdez– empezó la senda cuesta abajo, y en ese proceso de decadencia hasta su cierre, en 2015, se propició ese desmanejo de sustancias que derivó en la grave contaminación ambiental del suelo y las napas subterráneas.
