El sistema es dual, es decir que, por un lado, el agresor tiene una pulsera y un aparato que establece donde se encuentra. Y la víctima, a su vez, tiene uno similar, que, además, cuenta con botón de pánico. Los perímetros de ambos son móviles. No pueden aproximarse ni mucho menos cruzarse. Si esto sucede, el sistema emite una alarma al centro de monitoreo. El que es responsabilidad de la provincia garantizar mientras que los aparatos son provistos por el gobierno nacional.
El acuerdo fue firmado por el secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, y el fiscal regional, Diego Vigo, en la sede del Ministerio Público de la Acusación en Rafaela. También estuvieron presentes los coordinadores de la Región 2 de los ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos, Agustín Andereggen; Agustín Zárate, respectivamente.
Al respecto, Figuero Escauriza expresó que “se habla de dualidad porque los aparatos tienen un mecanismo que les permite reconocerse entre sí, se georeferencian y se calibran para que se active la alarma si hay una violación de la distancia perimetral determinada por la Justicia”.