El reinicio del ciclo lectivo en Santa Fe, programado para este lunes tras dos semanas de vacaciones de invierno, se produce en el marco de posibles conflictos en todos los niveles educativos debido a la falta de acercamiento entre las autoridades y los gremios docentes respecto a un posible acuerdo salarial.
El gobierno santafesino indicó su intención de convocar a los maestros de escuelas públicas a una nueva paritaria, aunque aún no se ha confirmado la fecha de esta convocatoria. El ministro de Educación, José Goity, adelantó que el Ejecutivo planea presentar una oferta de aumento “bimensual” y expresó su deseo de que las clases se reanuden sin conflictos, señalando que no veía "condiciones para que se trabe" la discusión.
No obstante, Goity ha matizado recientemente su postura ante un panorama económico cambiante. “Queremos un acuerdo que tenga la mayor proyección posible. Lamentablemente, hoy ponerle un plazo bimestral, trimestral, semestral es difícil porque incluso el contexto que teníamos hace 15 días es distinto al de hoy”, explicó el ministro.
Goity destacó la incertidumbre creciente en las variables económicas, lo que dificulta establecer un plazo fijo para los aumentos salariales. "Si hubiera condiciones para generar un acuerdo a más largo plazo que nos permitiera tener previsibilidad a nosotros y los trabajadores y que garantice condiciones más razonables, sería lo deseable. Ahora, entre lo deseable y lo posible, hay un camino y una realidad que tratamos de administrar”, concluyó.
A pesar de la falta de confirmación oficial de la convocatoria, el gobierno provincial espera que el encuentro con los gremios de maestros públicos y privados, Amsafe y Sadop, se realice durante la próxima semana.
Desde Amsafe confirmaron la vuelta a clases con normalidad pero han dejado claro que no pueden "seguir corriendo atrás de los tiempos" del gobierno provincial. Han anticipado una asamblea provincial con la intención de "cambiar un poco la dinámica" en el marco de sus demandas. Los gremios sostienen que el salario perdió un 30% de poder adquisitivo en el primer semestre y lamentan que el gobierno no garantice una cláusula gatillo para sostener los salarios.