El gobierno nacional enfrenta un nuevo desafío legislativo con el proyecto de ley de Financiamiento Universitario, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que se debatirá en el Senado esta semana. Este proyecto busca establecer un piso mínimo de financiamiento para las universidades nacionales, una medida que ha generado una fuerte movilización de la comunidad académica y presión sobre los senadores para su aprobación.
Las autoridades de tres universidades públicas de Santa Fe —la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf)— se reunieron con los tres senadores de la provincia en la sede de la UNR, Eduardo Galaretto y Carolina Losada, ambos de la Unión Cívica Radical, y Marcelo Lewandowski, del Partido Justicialista, quienes se comprometieron públicamente a apoyar la ley. .
El rector de la UNR, Franco Bartolacci, enfatizó la urgencia de que el Senado convierta en ley este proyecto que, según él, resolvería problemas financieros y salariales críticos en el ámbito universitario, otorgando previsibilidad presupuestaria. Además, valoró la disposición de los senadores para asistir a la reunión y su promesa de respaldar el proyecto de ley durante el debate en el Senado.
El proyecto cuenta con una moción de preferencia para ser tratado en la próxima sesión, gracias al voto favorable de dos tercios de los miembros de la cámara. Esta ley se hace especialmente relevante en un contexto en el que el gobierno de Javier Milei ha mantenido un congelamiento de las partidas presupuestarias desde su asunción, interrumpiendo la actualización de los fondos para las universidades y limitando los recursos a valores de 2022, ajustados solo tras una movilización masiva en abril de este año.
La ley propuesta por los rectores y docentes universitarios busca una actualización automática del financiamiento de acuerdo con la inflación reportada por el INDEC, tanto para los salarios como para los recursos operativos. Además, prevé un mecanismo para corregir el desfase entre los aumentos salariales otorgados y la inflación acumulada entre noviembre y julio del presente año, como explicó Enrique Mammarella, rector de la UNL.