El gobierno de la provincia de Santa Fe enviaría mañana a la Legislatura el proyecto de ley para reformar el sistema previsional, cuyo déficit mensual alcanza los 40 mil millones de pesos y debe ser cubierto por Rentas Generales de la Provincia, lo que implica una transferencia constante de recursos de los contribuyentes privados para sostener las jubilaciones de los empleados estatales.
Existen dos problemas principales que afectan la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. En primer lugar, la deuda de alrededor de 700 mil millones de pesos que la Nación mantiene con la provincia. Santa Fe es una de las 13 provincias que decidieron no transferir su Caja de Jubilaciones a la Nación en la década de 1990. Hace aproximadamente 10 días, la provincia presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que el Gobierno Nacional reanude los anticipos mensuales automáticos que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realizaba a la Caja de Jubilaciones de Santa Fe.
El segundo problema es el desequilibrio entre los aportes de los trabajadores activos del estado santafesino (208,000 en total) y los pagos a los jubilados y pensionados (102,000), quienes anteriormente fueron empleados provinciales.
Aunque aún no se ha hecho pública la versión final del proyecto de ley que el gobierno enviará a la Legislatura, se prevén algunos cambios clave en el sistema previsional:
- Elevar la edad jubilatoria de las mujeres: Actualmente, las mujeres, que constituyen el 70% de los beneficiarios de la Caja, se jubilan cinco años antes que los hombres y tienen una expectativa de vida cinco años mayor. La reforma buscaría igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres.
- Establecer un esquema progresivo de aportes: En la actualidad, todos los trabajadores aportan el 14,5% de sus salarios al sistema, mientras que el Estado contribuye con el 17,2%. El nuevo esquema de aportes sería progresivo, de modo que los empleados con mayores sueldos aporten más a la Caja de Jubilaciones.
- Reformas específicas para los docentes: Según las normas actuales, los docentes hombres pueden jubilarse a los 60 años y las mujeres a los 57, siempre que cuenten con 30 años de servicio. El proyecto de ley sugiere que solo aquellos docentes que trabajen directamente en aulas podrán jubilarse anticipadamente, mientras que aquellos en cargos directivos deberán esperar hasta cumplir la edad general de jubilación.
Estas reformas buscan garantizar la sostenibilidad financiera del sistema previsional de la provincia, al tiempo que intentan repartir de manera más equitativa la carga de los aportes entre los trabajadores y el Estado.