Un nuevo acusado se sumó a los otros cuatro imputados -todos empleados de la EPE Rosario- por el robo de más de 4.300 metros de cables que se produjo el año pasado y que representaban, al momento de los hechos, una suma superior al millón de pesos.

 

El acusado, identificado como David Guillermo M., tiene 41 años y se le imputó el delito de “robo agravado por ser en poblado y en banda en calidad de autor” según la interpretación de la fiscal Valeria Haurigot, de la Unidad de Investigación y Juicio del Ministerio Público de la Acusación.

El MPA considera probado que “durante el período comprendido entre el 9 de mayo de 2018 y el 18 de julio de 2018, dentro de las instalaciones de la Estación Transformadora Rosario Sur de la Empresa Provincial de la Energía de Rosario, mediante abuso de su empleo o cargo público, sustrajo junto a Armando M., Adriano C., Julián F. y Osvaldo G. y otras personas que aún no han sido identificadas, el equivalente a 4.320 metros de cable de cobre de media tensión”.

En aquel momento el producto de la sustracción había sido valuada por entonces en más de un millón de pesos y había sido guardado en el lugar luego de ser desconectado de manera programada y controlada de transformadores para ser reemplazados por nuevos cables y recuperados luego conforme su aptitud.

La denuncia

La causa tuvo su origen en mes de julio del año pasado cuando desde la Gerencia de Infraestructura se comunicó al directorio de la EPE del faltante de más de cuarto mil metros de cables que un contratista debía retirar y trasladar de la Estación Transformadora Sur. Los conductores estaban destinados a la obra “Adecuación e integración del Centro de Distribución Rosario Sur”, ubicado en Falkner y Villarino en barrio Acindar.

De inmediato desde la EPE se realizó la denuncia en el Ministerio Público de la Acusación y -en ese marco de la investigación- se solicitaron los ingresos y egresos de vehículos según los registros y asientos de los agentes de seguridad al predio.

Además se recurrió al retiro del DVR de las cámaras de seguridad, a fin de resguardar las filmaciones como posibles pruebas. El período estimado del ilícito de 4.320 metros de cables corresponde a los meses de mayo, junio y julio de 2018.