La tarea estará a cargo de la Sindicatura General Municipal de Santa Fe con el objetivo de consolidar el estado de situación patrimonial.

La Sindicatura General Municipal de Santa Fe realizará una Auditoria General sobre la actividad financiera y administrativa del Departamento Ejecutivo Municipal, entes autárquicos y organismos descentralizados. El objetivo es revisar el cumplimiento de los recaudos legales vigentes y consolidar el estado de situación patrimonial al 12 de diciembre de 2019.

Así lo establece el Decreto 00723/19 firmado por el intendente de la ciudad, Emilio Jatón, y fechado el 19 de diciembre de 2019.

La auditoría alcanzará la actividad financiera y administrativa desplegada en los seis meses anteriores al dictado del Decreto pero podrá ampliarse cuando, para completar el análisis, sea necesario remitirse a actos o actuaciones anteriores con contenido patrimonial.

La norma establece que tendrá 60 días, prorrogables por otros 30, para completar la tarea. Deberán relevarse los procesos y actos administrativos relativos a: relaciones contractuales de servicios públicos u obras públicas; régimen de empleo público y vinculación laboral cualquiera sea su modalidad, ingresos y ascensos; otorgamiento de concesiones y permisos; convenios con organismos nacionales, provinciales, entes autárquicos, asociaciones, fundaciones y dependencias de cualquier otra jurisdicción; y obligaciones no canceladas.

Además, en otros de sus artículos, la norma faculta a la Sindicatura a “revisar los actos que a su entender pudieran acarrear perjuicios al patrimonio municipal, pudiendo avocarse de oficio al análisis de los mismos”. Y podrá proponer, en forma fundada, “la anulación de los actos administrativos cuando se verifiquen infracciones a la normativa vigente”.

Fundamentos

Entre los considerandos, el Decreto establece que al momento del dictado del mismo se verificó la existencia de numerosas controversias en las relaciones contractuales vinculadas a la prestación de servicios públicos esenciales y la ejecución de la obra pública. Además, indica que en forma previa a la asunción de las nuevas autoridades del Ejecutivo Municipal se han dispuesto numerosas designaciones, contrataciones y ascensos de personal, situaciones que por su escala pueden afectar el normal desenvolvimiento de la gestión de gobierno.

Por lo expuesto, se aconseja realizar un análisis y control pormenorizado de la legalidad de los actos administrativos dictados durante los seis meses inmediatos anteriores al 12 de diciembre de 2019, fecha en la cual asumió la nueva gestión municipal.