Por Néstor Oroño para Sin Mordaza (*) 

En estos días fue noticia nacional, y provocó una gran polémica la resolución emanada del jefe de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Crio. Gral. Víctor Sarnaglia, mediante la cual se facultaba a los integrantes de la fuerza a portar el arma reglamentariamente provista con un proyectil en la recámara, esto es, en condiciones de uso inminente. Decisión que  generó opiniones encontradas aún dentro del propio elenco de funcionarios oficialistas.

Entiendo que la cuestión es bastante más compleja, trascendiendo un hecho que objetiva e indudablemente inserta en el marco social un nuevo factor de riesgo, y que la discusión debería focalizarse en relación a aspectos más profundos, sobre los que permito señalar –sin ánimo de agotar los mismos y a mero título ejemplificativo-, el modelo de fuerza policial que se pretende desde el poder político; su necesaria profesionalización; aristas relativas a la formación y capacitación; a las condiciones de trabajo; política salarial; su relación con otros organismos o poderes del Estado comprometidos en la faena de seguridad y administración de justicia; el sistema de control institucional; entre otros.

Vale recordar que en su discurso ante la Legislatura de la Provincia en oportunidad de asumir el cargo el Señor Gobernador CPN Omar Perotti sentenció que “El desdeño estatal se manifestó en la vista gorda policial pero también judicial y política, cuando no en la complicidad asentada en un pacto de gobernabilidad directo o indirecto con el delito”. De ahí entonces, la importancia que el nuevo gobierno envíe señales claras a la sociedad en cuanto que la policía no será como muchas personas sospechan –incluido el propio Gobernador-, un nexo entre el poder político y los grupos criminales, que en definitiva, no será esa institución la que deba hacer el trabajo sucio para aquel.

Una genuina profesionalización de la fuerza resulta imprescindible; en primer lugar integrada con personas motivadas por la vocación e identificación con tan alta función propia de la institución, como es el ser depositaria de la fuerza pública, y no con quienes acceden a ella como una salida laboral de descarte. Para lo cual son baluartes indispensables la adecuada selección, la formación, la capacitación, la especialización de sus cuadros, el respeto por la carrera policial, la fiscalización y control de dicha actividad.

La política salarial para el sector es otro factor de especial atención, en consonancia y acorde a las mentadas exigencias de profesionalización, desterrando la idea que lamentablemente parecería impuesta durante mucho tiempo en cuanto a que los magros sueldos abonados al personal policial deben complementarse e incrementarse con el “salario negro” procurado por cuenta propia y medios ilícitos.

La relación de la institución policial con otros organismos y poderes del Estado también es una cuestión relevante, ya que la policía es quien conoce de primera mano y opera en tiempo corriente sobre la realidad del delito. Es quien trabajando en favor del sistema de seguridad y de justicia, puede detectar, prevenir y evitar numerosas actividades relacionadas al delito. Sin menospreciar la actividad de otros poderes o instituciones del Estado, lo cierto es que en gran medida la política de persecución criminal la genera, la selecciona y la condiciona la institución policial.

Por el contrario, estando fuera, desconectada del sistema o “autonomizada” –como se la ha calificado reiteradamente-, es quien puede gerenciar, asociarse y beneficiarse con la actividades o con los grupos delictivos.

De ahí que, a modo de conclusión y desde mi perspectiva de ciudadano, más que preocuparme sobre la cuestión referida al proyectil en la recámara o en el cargador del arma provista, me preocupa una cuestión más compleja y más profunda: ¿a que institución y a que personas la sociedad entrega las armas y en definitiva le confiere el monopolio de la fuerza pública?, que en teoría debería ser para proveer seguridad en resguardo de sus bienes y derechos.

(*) Abogado.