Tras la decisión del presidente Alberto Fernández de derogar el DNU por el cual había dispuesto la intervención de Vicentin, los diputados provinciales que integran la comisión de Seguimiento e Información del concurso de acreedores de la agroexportadora en default ratificaron los objetivos. Buscan sacar a la luz las supuestas irregularidades en el otorgamiento de millonarios créditos por parte del Banco Nación —durante el anterior gobierno nacional. Y de garantizar el futuro laboral de los trabajadores de la empresa dispersos en distintos puntos del territorio santafesino.
El cuerpo especial, que se reunirá mañana o el jueves próximo, ya tiene listo un segundo informe. Allí se sintetiza toda la documentación oficial que dispone sobre la situación del gigante cerealero.
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Condiciones
“Más allá de lo ocurrido en los últimos días, ratificaremos las tres condiciones que fijamos en su momento. El mantenimiento de las fuentes de trabajo, la necesidad de contar con una presencia nacional en el comercio exterior de granos y el esclarecimiento de la suerte corrida por el dinero que tenía Vicentin. Y que ahora dice que no tiene”, aseguró a La Capital el diputado provincial Carlos Del Frade (Frente Social y Popular, FSP).
El justicialista Luis Rubeo, presidente de la comisión especial de Diputados, señaló a este diario que los actuales titulares de la cerealera “son los responsables” de la crisis. “No pueden demostrar dónde está el dinero otorgado por el Banco Nación, los granos que les entregaron los productores y los créditos por parte de la banca internacional”, aseveró.
En ese sentido, el legislador advirtió que el directorio “quiere ganar tiempo, y lo viene logrando. En una maniobra que pretende ocultar el vaciamiento económico” de Vicentin. Y subrayó: “Lo demuestra la negativa a acordar con la provincia la entrega de las acciones para conformar un fideicomiso”.
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Además de Rubeo y Del Frade, la comisión está integrada por los diputados Mónica Peralta (GEN), María Laura Corgniali (socialismo), Betina Florito (Somos Vida), Rubén Giustiniani (Igualdad), Fabián Palo Oliver (UCR), Ariel Bermúdez (Creo), Walter Ghione (Somos Vida y Familia), Gabriel Real (PDP), Gabriel Chumpitaz (Juntos por el Cambio, JxC) y Oscar Martínez (Frente Renovador, FR).
Eventual estatización
Del Frade, quien desde un principio se había inclinado por la expropiación de Vicentin ya que, según afirmó, las demás alternativas desembocarían en un fracaso, no descartó que ahora el Congreso de la Nación discuta una eventual estatización de la compañía en default.
La propuesta del fondo fiduciario —que no incluía al actual directorio— naufragó el jueves, durante la segunda audiencia de conciliación convocada por Lorenzini. Poco después, la gerencia de Vicentin emitió un comunicado en el que acusó al Estado de pretender “una expropiación sin precio indemnizatorio”. Previamente, había condicionado avanzar con la iniciativa a un cese de la embestida judicial en su contra.
Lorenzini fijó el 25 de agosto como plazo máximo para verificar créditos. Y estableció que la sindicatura tendrá tiempo hasta el 13 de noviembre para presentar los informes individuales y hasta el 16 de marzo de 2021 para el dossier general.
