Luego de que el Gobierno pusiera como condición para permanecer en un registro oficial que los exportadores cumplan con el requisito de liquidar las divisas, el Ministerio de Agricultura suspendió del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) a la exportadora Díaz & Forti, propiedad del grupo rosarino Olio. Se trata de la firma que opera plantas a fasón en Vicentin que le permite a esta última seguir en funcionamiento en medio de su concurso de acreedores.
El Banco Central (BCRA) le informó a Agricultura que esa firma tenía sin liquidar US$450 millones. Acto seguido, en línea con la resolución sobre los requisitos para estar en el RUCA, la cartera que conduce Luis Basterra procedió a suspender a la empresa de ese registro.
Desde Díaz & Forti respondieron que "está todo orquestado" en su contra por la operación con Vicentin. Además, cuestionaron la cifra señalada como no liquidada. "Es muy por debajo de la mitad", dijo Fernando Jurado, CEO del grupo exportador.
Jurado dijo mostrarse sorprendido sobre los pasos que se dieron desde que se sacó la resolución, el miércoles pasado. "Seguramente tenemos cosas por corregir y mejorar, pero hay operaciones a medida. Sacan la resolución, la ponen en vigencia y el funcionario (por Agricultura) aprieta el botón (que saca a la firma del RUCA)", indicó.
El CEO del grupo denunció que hubo llamados a multinacionales para que se pusieran al día antes de la resolución y afirmó: "No tenemos bolsillo para corregir en 72 horas. Está todo orquestado, en tres días hábiles ponen la medida".
"Nosotros somos el tubo de oxígeno (de Vicentin), no el enfermo, con esta acción lo que quieren es parar la empresa", sostuvo Jurado. A comienzos de semana, el juez que sigue el concurso de la cerealera ordenó una intervención por 90 días en su órgano de administración. Nombró a Andrés Shocron como interventor co-administrador y le dio a la provincia de Santa Fe la posibilidad de ocupar la subintervención.
En este contexto, el primer retraso se habría registrado en mayo y el BCRA cursado en ese momento también la primera intimación para que liquide. En tanto, se habrían detectado operaciones de ingreso de divisas, que se debían liquidar en el Mercado Único de Cambios, a través del Contado Con Liqui (CCL), no permitido.
El Gobierno informó al sistema financiero para que se le impidiera el acceso a divisas, pudiendo solo liquidar la deuda. También hubo comunicaciones a la Aduana para que no permitiera operaciones de exportación ni importación.
"El monto de liquidación es absolutamente inexacto ( 450 millones de dólares); sí tenemos algunos expedientes abiertos con el Banco Central de liquidaciones que tenemos que regularizar definitivamente, pero también puedo decir que si el 1 de diciembre sale una nueva regulación y el 2 de diciembre sale una nota, nosotros no tenemos la plata para regularizar la situación en 24 horas, entonces claramente decimos que lo vamos a regularizar y tenemos toda la intención de hacerlo" precisó Jurado .
Para el CEO, con estas acciones lo que se busca es "que Vicentin sea una empresa estatal, gobernada por funcionarios públicos, burócratas, que por otra parte no tienen el dinero para hacer funcionar a las fábricas; creo que Argentina ya tiene demasiados ejemplos de empresas tomadas por el Estado que fueron quebradas por el mismo, una detrás de otra, entonces estos funcionarios creo que tienen un gran idealismo. El comunismo sin plata nunca funcionó. Vicentin sin plata nunca va a funcionar. Y pretenden incorporar a los productores (que integran el concurso preventivo) como socios, cuando son acreedores, no capitalistas de una fábrica. Le venden así la ilusión de que van a cobrar", finalizó.
