El ex ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, declaró ayer como testigo en el proceso de remoción iniciado en la Legislatura a la fiscal Cristina Ferraro, pero se negó a responder preguntas sobre la investigación penal en el Juzgado Federal Nº2 de Santa Fe.
La integrante del Ministerio Público de la Acusación está acusada de no haber preservado debidamente pruebas de la escena del crimen en el llamado Caso Oldani, el empresario asesinado el 11 de febrero de 2020 cuando el entonces responsable de la seguridad en la provincia llevaba algo más de dos meses en el cargo. Por ese motivo enfrenta una causa judicial, además del proceso disciplinario que ahora le ha iniciado el Poder Legislativo de la Provincia.
La audiencia comenzó a las 13. Sain declaró por zoom, mientras el presidente de la comisión de Acuerdos, Joaquín Gramajo, se encargó de leerles las 17 preguntas que propuso la defensa de Ferraro, a cargo del abogado Sebastián Oroño. “No voy a hacer ninguna consideración sobre la causa penal”, le dijo Sain a los legisladores. “Además, creo que ustedes lo saben, la causa judicial” para que se investigue si la agencia de turismo de Oldani operaba como pantalla de una cueva financiera “se inició con una denuncia mía, cuando yo era ministro de Seguridad”, recordó.
La denuncia la presentó ante el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe porque la “intermediación financiera no autorizada” y el “lavado de activos” son “delitos federales”. Y “las distintas instancias donde se discutió la competencia en la justicia provincial me dieron la razón. Por eso, la denuncia la hice en el ámbito federal”, aclaró. “Estoy a disposición de la comisión para lo que sea, pero en todo lo referido a la investigación federal, no voy a hacer consideraciones”.
El fiscal federal Walter Rodríguez ha imputado a Ferraro por "encubrimiento agravado por su condición de funcionaria pública" y caracterizó al presunto delito dentro de la órbita federal bajo la figura de la "intermediación financiera no autorizada". La sospecha es que falta dinero de la caja fuerte que era parte de la escena del asesinato del Oldani. Rodríguez inició una investigación contra quienes operaban en la agencia de viajes.
Ahora, en la Legislatura se dan los pasos necesarios para un eventual proceso de destitución en el que la parte activa de las acusaciones está a cargo del jefe del bloque Justicialista en la Cámara de Diputados, cuyo pedido de avocamiento fue aprobado por unanimidad por los doce integrantes de la Comisión de Acuerdos, luego de que -a nivel interno- la auditora general del MPA, María Cecilia Vranicich elevara a la Legislatura el caso.