Diferentes voceros y operadores judiciales ya lo afirman: la reforma judicial está en marcha. A su vez, afirman que quién estaría detrás de las modificaciones es la misma vicepresidenta, Cristina Fernández.
La intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por parte de Cristina Camaño; el cargo de titular de la Oficina Anticorrupción para el fiscal Felix Crous; la Secretaría de Justicia a cargo de Juan Martín Mena; la jefatura de la AFIP para Mercedes Marcó del Pont; y la designación de Gerónimo Ustarroz -tal como había adelantado Ámbito Financiero- como la representación oficial en el Consejo de la Magistratura, ratificaron la teoría de que es Cristina la “dueña” de ese objetivo planteado por Fernández ante la asamblea legislativa. A esto se suma la nominación de Daniel Rafecas como procurador general.
Propuesta
Lo que se debate no es sólo la posibilidad de una absolución indirecta en las causas que involucran a la ex presidenta, sino cambios profundos en el funcionamiento de los tribunales. Cambios que abarcan desde jueces hasta la matriz de funcionamiento de los fueros más políticos.
Entre los cambios pueden considerarse:
- El plan que podría cristalizarse en un proyecto de ley y que es más factible parte de la base de una fusión entre Comodoro Py y el fuero penal económico.
- Duplicarían la cantidad de salas de Cámara, transformándolas en cuatro y llevando a los Tribunales Orales Federales de 8 a 12, en total.
- Acelerar al máximo la implementación del Código Procesal Penal para que llegue a la zona de Retiro en un plazo máximo de dos años.
- Podría sumar, además de la fusión, una prórroga de jurisdicción de los principales juzgados federales del conurbano.
- “Federalizar” a los juzgados penales nacionales de la Capital Federal.