En la víspera navideña, alrededor de 50 mil mendocinos se manifestaron en contra de la modificación de la Ley 7722, que habilita el uso de sustancias tóxicas para la megaminería. La convocatoria terminó con alrededor de 16 detenidos y múltiples destrozos.
La concentración multitudinaria frente a la Casa de Gobierno fue la coronación de una de las marchas más grande de la historia de Mendoza, que el domingo por la mañana partió desde distintos puntos de la provincia en defensa del agua, para darse cita en la capital mendocina.
Marcelo Giraud, miembro de la Asamblea popular por el agua y docente de la Universidad Nacional de Cuyo, manifestó para Cadena Oh! que la provincia de Mendoza está profundamente convulsionada: “con esta nueva modificación de ley, se termina con una herramienta que teníamos de protección frente a la megaminería. Muchísimos sectores de diversos índoles políticos se manifestaron en contra de un mismo objetivo”.
Para el geógrafo, la utilización de sustancias tóxicas para la explotación minera, traería tanto contaminación del agua como la ausencia de ella: “a mí siempre me ha preocupado la contaminación del agua tanto por ser un bien fundamental para el hombre pero también por el vaciamiento de los lagos expresó Giraud.
El gobernador de Mendoza, Rodolfo Súarez, durante su campaña, había advertido su intención de modificar la ley, sin embargo, su sanción en los últimos días, reveló el gran descontento social, junto a la fuerte oposición de una multitud de personas que en un comienzo remitió un petitorio al ejecutivo para derogar el documento.
La modificación de la ley 7722 sancionada, promulgada y publicada en el boletín oficial de la provincia de Mendoza, ya no prohíbe la utilización de cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras sustancias tóxicas similares en los procesos de minería metalífera.
Por otro lado, la nueva ley ya no exige que los proyectos mineros deban ser autorizados por el ejecutivo y la legislatura provincial, sino que ahora sólo deberá tener el visto bueno del primero.
En los próximos días se realizará un pedido de inconstitucionalidad de la ley ante la corte suprema de justicia, mientras que diputados y senadores presentarán una pedido de derogación del documento sancionado.
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