El senador del Nuevo Espacio Santafesina (NES) Armando Traferri presentó este miércoles ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura una denuncia contra los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) "por realizar espionaje clandestino en la causa de juego clandestino". Sucede que los fiscales requirieron de manera ilegal los datos de tráfico, en un período de al menos dos años, de una línea de telefonía celular que el Senado le asignó al legislador.
El representante sanlorencino manifestó que los fiscales accedieron a información ilegal desde antes de solicitar el desafuero, que fue rechazada por el Senado ante la falta de pruebas, e incluso después, cuando las actuaciones deberían haberse cerrado. “Antes, durante y después del fallido pedido de desafuero realizaron directamente pesquisas indiscriminadas sobre datos de tráfico de mi celular”, planteó. Y subrayó: “No solamente no lo tenían permitido hacer en razón de mis fueros, lo cual no es poca cosa; sino que ese tipo de información recolectada –con fuero o sin él─, por sus características y extensión, requiere necesariamente de la orden de un juez, de la cual carecieron absolutamente. Eso es ilegal sin vueltas”.
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Traferri desarrolló a lo largo de las 40 carillas de la denuncia evidencias que las acusaciones en su contra son parte de una "operación política", y destacó que su enfrentamiento con el gobernador Omar Perotti lo convierte en “una persona molesta para algunos”. En ese marco, aseguró que la declaración del ex fiscal Ponce Asahad fue direccionada con este objetivo. Al respecto transcribió partes de los dichos del ex funcionario del MPA donde mencionaba a otras personas que los fiscales obviaron investigar. “Si el señor Ponce Asahad es creíble, los fiscales no pueden ser selectivos ante la gravedad de situaciones y personas que involucra. Si no lo es –lo cual parece ser lo más lógico─, nada de lo dicho por este sujeto es relevante”, espetó.
El senador reafirmó que el ideólogo de esta operación es el ya destituido titular de la Oficina de Investigaciones del MPA, Marcelo Sain, quien también está envuelto en un escándalo por el manejo ilegal de escuchas en el que también está implicada la jefa de Inteligencia de la zona sur, Débora Coticchini, quien respondía al ex ministro.
La ley 13.013, que creó el MPA, explicita en su artículo 52 que se sancionará “actuar con negligencia en la búsqueda de las pruebas que fueren necesarias para la presentación de una acusación o para su fundamentación ante los tribunales”, “hacer peticiones, presentaciones o dictámenes que tengan como base hechos manifiestamente erróneos, o que invoquen fundamentos legales manifiesta e indudablemente improcedentes” y “causar un grave daño a la persecución penal con motivo de no haber cumplido debidamente las actuaciones procesales bajo su responsabilidad”.
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Traferri aseguró en su denuncia que las acciones de los cuestionados Edery y Schiappa Pietra “responden ya a una matriz de ilegalidad funcional en el desempeño de un sector del MPA que, incluso desborda al control de su jerarquía natural y su organismo de vigilancia de gestión y auditoría”. Y agregó que hay un “MPA corporativamente militante, con relación a los supuestos hechos delictivos que se me pretenden adjudicar” y que “es el organismo fiscal en su conjunto, el que está condicionado en su objetividad para atender en esta denuncia, cuyo avocamiento solicito”.
El legislador también apunta contra los fiscales por las series irregularidades en el procedimiento abreviado por el cual el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad pudo salir en libertad, en tiempo récord, sin abonar multas y a pesar de haber admitido el cobro de coimas. Traferri ya había denunciado por este hecho a la jueza María Isabel Más Varela por homologar el acuerdo, que fue acordado y propuesto por los fiscales.
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Entre numerosas irregularidades, la más llamativa vinculada a la causa Ponce Asahad es que se aplicó mal la conmutación de la pena al ex funcionario del MPA por ser “imputado colaborador” (o arrepentido), lo que le permitió salir antes en libertad. En rigor, la reducción de la pena se aplicó dos veces, cuando debería haber hecho una sola.
Además, se contrarió toda normativa vigente al omitir cobrarle las multas correspondientes, que ascenderían como mínimo a 400 mil dólares. “Ponce Asahad es un beneficiado en el más amplio sentido de la palabra: admitió su culpa, pero salió en libertad y con plata en el bolsillo”, fustigó el senador.
Traferri concluyó su denuncia señalando que la de los fiscales es “una ilegal forma de investigar, propia de recursos de espionaje clandestino”. Y finalizó: “Al mismo tiempo, forma parte de una investigación sesgada y dirigida malintencionadamente hacia mi persona, como lo puso de manifiesto el insólito procedimiento abreviado, que benefició a un coimero confeso, con el acceso a una libertad condicional y unas rupias en el bolsillo”.
