La jueza de primera instancia Rosana Carrara aceptó el pedido de los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández previsto por el Código de Procedimiento Procesal Penal para duplicar el plazo de “reserva” del legajo antes de abrirlo a las defensas para que puedan saber qué reprochan a sus defendidos y por qué.
Ambos integrantes del Ministerio Público de la Acusación habían solicitado duplicar sus plazos para trabajar en la audiencia celebrada el 1ro de este mes, con la reanudación de la actividad en el Poder Judicial, tras la feria de enero.
Carrara hizo lugar a la solicitud de mantener en secreto las supuestas pruebas en la investigación al ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, y su equipo, pero les ordenó que utilicen “con máxima prudencia y extrema rigurosidad” las facultades de ley para que la causa tramite en “tiempo razonable” y les exigió el “máximo esfuerzo” para “no estigmatizar a las personas que se encuentran sospechadas” y no vulnerar “su buen nombre, dignidad y honor” que garantizan las “normas constitucionales” y la “presunción de inocencia”.
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En su resolución la jueza expone los argumentos de las partes y menciona a los defensores de los involucrados en la investigación, sobre los que todavía no pesa una acusación ni un acto de procesamiento.
Tras presentar las exposiciones de los interesados, la jueza indica que el pedido se encuadra en la norma ( Art. 346 del CPP) que "prevé la posibilidad excepcional de duplicar los términos previstos en el Código cuando la causa sea compleja por la pluralidad de hechos, imputados, víctimas o en caso de delincuencia organizada o trasnacional, los cuales pueden existir en forma conjunta y/o alternativa; es asi que en el presente caso, se dan los requisitos que la normativa legal enumera".
Carrara decidió también “tener presente” la impugnación del abogado de Sain, Hernán Martínez, quien planteó que si los fiscales investigan una presunta violación a la ley de Inteligencia Nacional 25.520 son “incompetentes” para hacerlo, por lo tanto, la causa debería pasar a la justicia federal.
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Los fiscales Hernández y Jimenez dijeron en la audiencia que investigan una supuesta “asociación ilícita”, identificaron dos causas, que tienen “pluralidad de imputados, que hasta el momento son once personas”. Y recordaron que el legajo se inició por una denuncia del ex número dos de Sain en el Organismo de Investigaciones, Víctor Moloeznik, quien “comenzó a investigar si funcionarios del Organismo y del Ministerio de Seguridad recopilaban información de manera ilegal respecto de personas físicas y/o jurídicas", con personal y recursos del Estado.