Debido a las numerosas causas polémicas que se tornan públicas, hay un debate muy profundo en la justicia sobre cómo abordar determinados casos, sobre todo los referidos a los que incluyen debates sobre el género.
El juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz habló en el XIII Encuentro de Jóvenes Docentes de Derecho Constitucional, organizado por la Asociación Argentina de Derecho Constitucional en San Carlos de Bariloche y remarcó que en la Argentina “la cultura jurídica se ha degradado”.
A su vez, impulsó a los presentes a ”comprometerse con el derecho sin tamizarlo por sus preferencias ideológicas o políticas”. Advirtió que “los jueces deben ser auto-restringidos” y no ser “creativos”, sino aplicar las leyes y “resistir la tentación” de decidir los casos según la solución que más les gustaría.
Al respecto, el abogado penalista Marcos Barcelo, señaló que lo expresado por Rosenkrantz "no es un tema menor. Les dijo a los jueces que no deben ser creativos, se tienen que señir a la aplicación de la ley. Debe resistir a la tentación de tamizar la decisión con sus propias ideas, ideologías".
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En este sentido, la perspectiva de género debe entenderse, "simplemente", como la no discriminación a una mujer en los fallos por su condición de género. "Los fiscales deben ser objetivos, si se identifican como feministas estás limitando eso. Se empatiza con una parte, y eso no puede pasar en el poder judicial", apuntó.
Los casos polémicos en la ciudad son muchos. Uno de los más relevantes fue el "del preservativo", conocido por la resolución del destituido juez Rodolfo Mingarini. En ese entonces, se hizo pública una declaración que ponía en duda el abuso denunciado por una mujer sólo por haber usado preservativo. El movimiento de mujeres salió a rechazar y reclamar la destitución del magistrado.
"El caso que me estas mencionando es el caso del preservativo, o el de Leandro Spies.... Cuando van a la audiencia se confirmó la prisión preventiva, pero pasó a un cuarto intermedio y quedó para que las partes rearmen la presentación de pruebas. Luego de eso, la defensa en una de sus visitas al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para escanear la evidencia, se encuentra que el legajo fiscal pasó de 100 y pico de fojas a más de 600. Se agregaron hojas que ya tenía la fiscalía desde el comienzo del proceso, que tenía importantísima evidencia. Se ocultó deliberamente y es gravísimo".
"Con esos elementos, la defensa pidió que se revise la prisión preventiva. Cuando se fija la audiencia, la denunciante se presentó con dos abogadas solicitando ser tenidas como querellantes. Entonces se suspendió la audiencia y el nuevo juez Martín Torres, resolvió rechazar el pedido de la mujer que denunció, lo cual es correcto porque el pedido estaba fuera de la normativa", ejemplificó por último el entrevistado.