La Cámara de Diputados de la Provincia declara su preocupación y rechazo ante la decisión del Poder Ejecutivo de la Provincia de incumplir lo establecido en el Acta Acuerdo Paritaria Nº005/2023 (Ley 10052) suscripta el dia 8 de agosto del año 2023 y homologada por el Decreto Nº 1835/23, en lo referido a la política salarial acordada para los agentes públicos.
Entre los argumentos, manifesaron que los Acuerdos Paritarios tienen fuerza de Ley y que las determinaciones salariales contienen un carácter alimentario, y que por lo tanto no solo se desconoce la continuidad jurídica del acto administrativo sino que se afecta gravemente la economía de los trabajadores y trabajadoras estatales con una perdida formidable del valor del salario real y del poder adquisitivo de sus ingresos.
Los legisladores que impulsaron el proyecto son Lucila De Ponti, Carlos del Frade, Celia Arena, Fabián Palo Oliver, Veronica Baro Graf, Miguel Rabbia, Alejandra Rodenas y Marcos Corach.
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"Resulta comprensible que la crítica situación económica que atraviesa el país con una curva inflacionaria acelerada y un estancamiento de la actividad económica impacta fuertemente en la situación de fiscal de todas las provincias. Es por eso que en diciembre de 2023 acompañamos las leyes de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el 2024 tanto como la Ley Tributaria propuestas por el Poder Ejecutivo provincial, en el marco de las cuales se encontraba contenido un aumento del 190% para las primeras tres cuotas de los impuestos inmobiliario urbano y rural y del impuesto sobre las patentes, dejando sujeto a definición de este Poder Ejecutivo el aumento correspondiente a las últimas tres cuotas en base a la evolución inflacionaria", expresaron.
"Sabemos que Santa Fe es un provincia pujante que lidera el desarrollo productivo de la Nación y que por lo tanto es indispensable proteger tanto su sistema productivo como sus cuentas públicas. Sin embargo estamos convencidos de que no es posible proteger el sistema económico y el estado fiscal si no se protege en primer lugar la economía doméstica de las familias santafesinas".
"Solicitamos al Poder Ejecutivo que se revise la decisión tomada y se avance en el sentido de recomponer los ingresos de los trabajadores y trabajadoras públicos para de este modo evitar una profundización de la pobreza y la desigualdad en Santa Fe", finaliza la presentación.