El auditor del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Leandro Mai, investiga la actuación del fiscal Alejandro Rodríguez, y subsidiariamente la labor de su jefe, el fiscal regional Rubén Martínez, tras la denuncia formulada por una joven, abusada en su etapa de adolescente. Producto del ataque sexual perpetrado por un tío, dio a luz cuando tenía 13 años. La causa quedó sin condena ante la prescripción de la acción penal.
“Esto pasó hace 13 años. Producto de esa violación tengo un hijo de 12. Tengo estudios y ADN que avalan lo que estoy contando. En ese momento no vivía en Malabrigo, sino en el campo con mi mamá. Quien se dio cuenta de mi embarazo fue su pareja, que decidió llevarme al médico. Ahí me hicieron estudios y me dijeron que estaba embarazada”, relató la víctima.
Por el delito intrafamiliar, B.R.G fue imputado por abuso sexual con acceso carnal de la joven y de su hermana, conforme la figura del Código Penal de estupro, que establece penas de entre 3 a 6 años de prisión bajo condición de que "la persona ofendida no se hallare privada de razón o de sentido y no se usare fuerza o intimidación para consumar la acción reprochada".
“Yo fui muchas veces a declarar. Como era chica la información se la daban a mi mamá. Sé que él está suelto porque hubo mucha plata por detrás. Esta causa cayó en manos del doctor Rodríguez, de quien yo tengo mensajes preguntándole por mi causa en diciembre. Él me dijo que todo estaba bien, pero él ya sabía el fallo de la prescripción que había sido en octubre y eso a mí me lo ocultó”, contó la joven.
A cuatro años de que prescribiera la causa, en fecha 29 de octubre de 2019, la jueza penal Claudia Bressán concedió en audiencia un plazo razonable a las partes a fin de que se expidieran acerca de la continuidad y la necesidad de producir o no la prueba oportunamente ofrecida. Aún bajo aviso, la fiscalía “nunca se expidió ni efectuó ninguna diligencia”, señalaron quienes representaban a la víctima. El fiscal Rodríguez fue notificado el 17 de julio del año 2020, cuando restaban tres años para que operara la prescripción de la acción penal.
El 24 de octubre del 2023 la jueza dictó el sobreseimiento del acusado. A esa altura del proceso, el fiscal formuló una apelación “exigua, escueta y sin fundamento”, cuestionaron desde la defensa, lo que derivó en que el 6 de junio de 2024 la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera confirmara la resolución de primera instancia que dispuso el sobreseimiento de B.R.G por prescripción de la acción penal.
“Siento que la Justicia se me ríe en la cara por no haber hecho nada. Me siento engañada. Yo a Rodríguez solo le pedí justicia como en otras causas, que haga lo que tenga que hacer para que yo pueda estar más tranquila”, sostuvo la víctima, quien además agregó que, en búsqueda de explicaciones, intentó contactarse con el fiscal regional, pero nunca la atendió: “Por medio de otras personas dijo que me iba a llamar y que me iba a avisar por mi causa. Hasta el día de hoy no recibí nada”, dijo.
Con el objetivo de lograr un resarcimiento, la joven ingresó una denuncia ante la Comisión de Acuerdos del Senado con copias a la Fiscal General del MPA y a la Auditoria del organismo en contra del Dr. Rodríguez, como fiscal asignado, y el Dr. Martínez por supuesta omisión a sus deberes funcionales de contralor.
Paralelamente, inició un reclamo administrativo previo ante el Gobierno de la Provincia de Santa Fe solicitando una indemnización, la reparación integral que comprende la sanción disciplinaria a los funcionarios públicos que no habrían actuado acorde a las disposiciones legales y un pedido de disculpas por parte del Superior Gobierno de la Provincia por la “grosera conducta desplegada por sus dependientes”, y la “privación de justicia en un abuso sexual que estaba harto probado y que quedó impune”.
La víctima, hoy con 26 años, tiene un hijo de 12 fruto de esa violación que padece una perforación en la válvula aortica que le impide una correcta oxigenación del corazón. El niño aún desconoce el calvario por el que pasó su madre.
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