El juez Urdiales ordenó que transiten el proceso en libertad tras una serie de medidas acordadas entre la fiscal y los abogados defensores. Todos tendrán que abonar fianzas de cien mil pesos.

El juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Gustavo Urdiales, ordenó que las tres personas que resultaron detenidas en la tarde del jueves, después de un allanamiento realizado en un geriátrico de la zona de 4 de Enero al 1900, sean liberadas y eviten transitar el proceso que las tiene imputadas fuera de la prisión.

La resolución se dio este viernes luego de una audiencia que tuvo lugar en la Sala 2 del subsuelo de tribunales, donde la fiscal del caso, María Laura Martí, imputó a la administradora del geriátrico, María Magdalena R., a una empleada, Gala S. y al asesor legal del establecimiento, Facundo Sebastian E., el delito de “desobediencia al un mandato legal y encubrimiento”. En el caso de la administradora y la empleada, la fiscal le agravó aún más los cargos tras atribuirle “privación ilegitima de la libertad” e “infracción a las normas de salud pública”. 

El caso salió a la luz el jueves, cuando un hombre denunció al hogar de ancianos de haber causado un deterioro en la salud de su tía -de 75 años- luego de que la misma estuvo internada entre el 6 y 10 de junio. Cinco días después, la mujer falleció en un sanatorio local.

Cargos

Durante la audiencia de prisión preventiva, la cual se desarrolló con posterioridad a la de imputación, la fiscal indicó al juez Urdiales que las tres personas detenidas intentaron estorbar el procedimiento policial que llevó a cabo la Policía de Investigaciones. Inclusive, sostuvo que los tres acusados se negaron a entregarle la historia clínica de la mujer.

En tanto, acusó que en la cama del geriátrico donde estuvo acostada la presunta víctima, había cuerdas que fueron utilizadas para sujetar a la mujer desde sus extremos. En este aspecto, Martí destacó que como consecuencia de esas ataduras, la anciana sufrió el “hundimiento de sus músculos”.

La acusación fue rápidamente rechazada por las defensas de los imputados, Juan Sebastian Oroño (por el abogado y la administradora) y Fede Cespedes y Miguel Machena (por la empleada) que buscaron explicar cada cargo que imputó la fiscal.

“No hay ningún elemento que requiera suponer que existió una privación ilegitima de la libertad”, sostuvo tanto Oroño como Cespedes. En la misma sintonía, la administradora del geriatrico tomó la palabra y aclaró que la mujer fallecida solo estuvo alojada allí cuatro días y que el familiar que internó la visitó dos días.

Cespedes por su parte aclaró que la atadura sobre la que se refirió la fiscal no es la única que existe en el geriátrico ya que en otras camas hay más debido a que las mismas se utilizan para sostener las barandas y así evitar una posible caída al suelo por parte de los abuelos alojados allí.

Acuerdo mutuo

En el último tramo de la audiencia, las partes acordaron una serie de medidas que permitieron al juez Urdiales resolver medidas alternativas a la prisión preventiva. En este sentido, se acordó que ninguno de los tres podrá tener acceso al geriátrico en cuestión, como así también, tendrán que abonar una fianza de 100 mil pesos.

Por otro lado, deberán quedar bajo la guarda de sus respectivos familiares. Por último, se dispuso que la encargada de la administración del hogar se haga a un lado por lo que al mando del mismo continuará su hija, la cual según se develó en la audiencia, se encontraba a cargo de la dirección previo a la denuncia.