Se agudiza la presión que experimenta el Gobierno argentino ante la crisis de deuda. El FMI ya anunció que no realizará quitas al préstamo de u$s 44.000 millones otorgado a la Argentina. Kristalina Giorgieva, titular del organismo, sostuvo que la “formulación legal” del organismo internacional de crédito impide “tomar medidas que puedan ser posibles para otros sin esta gran responsabilidad global”.

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El dato no es menor porque deja al Gobierno con la imposible tarea de aplicar una quita de proporciones mayúsculas a los bonistas. Esto si quiere avanzar en el objetivo propuesto.

Deuda impagable

Hay una distancia cada vez mayor entre lo que ofrece el Gobierno y lo que reclaman los bonistas. Esto a pesar de los intentos del presidente y el ministro de Economía, Martín Guzmán, de conseguir nuevos términos y convertir la deuda en “pagable” y “sostenible”.

Como señala Ámbito Financiero, mucho de esto se vio en las negociaciones de la provincia de Buenos Aires con el bono BP21, primero, y de la Nación, después, con el bono Dual. El gobernador Axel Kicillof pudo comprobar, de primera mano, que hay en el Palacio de Hacienda la voluntad de hacer del default, una instancia casi obligada si lo que se busca es ablandar a los bonistas. Pero no quiso ser él quien tirase la primera piedra. Por eso fue el propio Martín Guzmán el que resolvió finalmente dar el paso y reperfilar.

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Default

Las estrategias están puestas en cómo hacer para que los fondos y los bancos de inversión se avengan a aceptar una fuerte quita. Lo cierto es que desde que asumió, hace poco más de dos meses, el Gobierno se la pasa hablando del “default”. La advertencia del rojo fiscal que Guzmán prometió en el Congreso hasta 2023 es casi un certificado de que no habrá recursos para pagar. Los bancos que participan de la negociación piden adelantos en efectivo para entrar en un canje, una posibilidad que parece descartarse de plano en estas geografías.