La directora de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, María Victoria Stratta, reiteró su pedido al juez Fabián Lorenzini para que proceda a intervenir a la compañía cerealera Vicentin SAIC. Y le reclamó celeridad en la decisión por entender que “surgen serias falencias en el desempeño de la administración societaria. Que sobradamente configuran el peligro en la demora para justificar una intervención”.
Si bien el presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa el 8 de junio pasado, posteriormente Lorenzini restituyó a los directores de la sociedad en su administración. Relegando a los interventores designados al rol de veedores.
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Documentos adicionales
En un escrito de ofrecimiento de prueba, Stratta presentó documentación adicional para avalar la necesidad de la intervención. Si bien aclaró que “no debería aportarse nada más” para dejar en evidencia “las vinculaciones societarias ocultadas”, así como “la conducta de los directores respecto de sus bienes”.
La titular de la IGJ considera que las pruebas que ya había aportado el 19 de junio eran suficientes para llevar a cabo el procedimiento. Pero le indica en el escrito a Lorenzini que “es claro que V.S. así no lo ha entendido. Por lo que se procede a reiterar las fuentes y agregar otras nuevas”.
La documentación probatoria, añadió, “se trata de manifestaciones de la propia concursada y de los legajos obrantes en esta Inspección”.
Al respecto, la IGJ rechazó que las participaciones de Vicentin en otras sociedades “fueran tan minoritarias”. Y se vale para afirmarlo de “dichos de la propia concursada, a través de los estados contables de su página web, todo lo cual tiene valor confesional”.
Estados contables
Entre la documentación presentada en las 19 páginas y varios anexos del escrito, se objeta la falta de referencia en los estados contables de Vicentin a una situación apremiante que justificase su llamado a concurso de acreedores.
En ese sentido, señala que “resultan relevantes las notas a los estados contables”. Y al respecto cita que en el último, del ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2018, “no siquiera se vislumbra la hecatombe. Todo lo contrario”, ya que se relata una condición inmejorable para la compañía.
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“Ese documento está firmado el 15 de febrero de 2019, o sea menos de diez meses antes de la cesación de pagos. Parece de otra empresa”, destaca Stratta.
Asimismo, en varios puntos del escrito señala la coincidencia de los domicilios de las sociedades vinculadas, muchas de ellas en la calle 14 número 495 de Avellaneda, es decir la sede de Vicentin.
Al respecto, se menciona a la sociedad Nacadié, constituida en Uruguay y cuyo único accionista es una sociedad panameña, pero Stratta indica que “resulta elocuente que su domicilio en Argentina sea también calle 14 número 495 de Avellaneda”.
En uno de los anexos al escrito, la directora de la IGJ provincial destaca que “es la propia sociedad la que explica, con texto y esquemas, lo que se calificó oportunamente como entramado societario”, tras lo cual pregunta: “¿Verdaderamente considera el Tribunal que hace falta más prueba que la descripción hecha por ellos mismos?”
Con información de NA
