Los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez pedirán cuatro años de prisión y el pago de una multa de 3.789.842,12 pesos a un suboficial de la policía al que investigaron como autor del delito de enriquecimiento ilícito. Así lo plantearon los funcionarios del MPA en la audiencia preliminar realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe ante la jueza Susana Luna.
El imputado tiene 43 años, sus iniciales son OAC y fue investigado por el incremento de su patrimonio entre 2013 y 2017 inclusive, mientras prestaba servicio en la policía de la provincia de Santa Fe.
"En enero del año pasado, la división de Investigaciones Patrimoniales de Asuntos Internos de la policía le requirió que justifique el aumento extraordinario de su patrimonio en esos cinco años", informaron los fiscales. "A pesar de su obligación de hacerlo por su condición de funcionario público, no lo hizo", indicaron.
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Desproporcionado
Hernández y Jiménez recordaron que "la investigación se inició a raíz de una denuncia anónima de diciembre de 2013. La División de Investigaciones Patrimoniales de Asuntos Internos recopiló información de los bienes y deudas del imputado, y de allí surgió el pedido de justificación del incremento patrimonial". También señalaron que "una vez reunido el material probatorio, se le requirió al imputado que justifique la procedencia de los fondos utilizados para la adquisición de los bienes. Si bien realizó un descargo en enero de 2019, no acompañó ningún documento respaldatorio que sustente sus dichos".
"Investigaciones Patrimoniales de Asuntos Internos entendió que existían inconsistencias entre el nivel de ingresos y los bienes y deudas que integran el patrimonio del suboficial de la policía", sostuvieron. En tal sentido, enumeraron que "de la investigación llevada a cabo se desprende que entre 2013 y 2017, el imputado realizó transacciones con tres automóviles; dos camionetas; un cuatriciclo; una motocicleta; dos embarcaciones y un inmueble de 374 metros cuadrados ubicado en Sauce Viejo", y añadieron que "el acusado es propietario de otros bienes, entre ellos, un inmueble en la zona norte de la ciudad de Santa Fe".
"El monto que no pudo justificar el imputado asciende a 1.660.536,36 pesos, tal como ratificó un perito contable contratado por la Fiscalía General", subrayaron Hernández y Jiménez. "Estamos ante un incremento patrimonial apreciable y desproporcionado, que representa más del doble del total de los ingresos que percibió como funcionario policial durante los cinco años relevados", hicieron hincapié los fiscales.
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"Aún percibiendo el triple de lo que recibía en carácter de salario, no llega a justificar su incremento patrimonial", sintetizaron y concluyeron que "si bien el imputado estaba inscripto como monotributista para la venta de cosas muebles, durante los cinco años analizado no existen registros de facturación ante la AFIP de que hubiera realizado alguna compra o venta".
Actualización
"Para calcular la actualización de la suma que solicitamos que pague como multa el imputado, tuvimos en cuenta el índice de la Federación Argentina de Colegios de Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) avalado por el Colegio Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) de la provincia de Santa Fe", explicaron los fiscales.
Los funcionarios agregaron que "según estas resoluciones, la serie de índices a utilizar es la resultante de combinar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC con el Índice de Precios Mayoristas (IPIM) de la FACPCE". En tal sentido, concluyeron que "según este análisis, el monto no justificado por el imputado, actualizado a enero de 2020, asciende a un total de $3.789.842,12".
Proveniencia de los fondos
"No puede dejar de mencionarse que resulta altamente probable de que la proveniencia de los fondos injustificados sea el desarrollo de actividades ilícitas por parte del imputado", remarcaron los fiscales. "Abona esta teoría que el policía investigado fue condenado en otra investigación por la autoría de tentativa de robo calificado, entre otros delitos. Asimismo, es investigado y fue procesado por la Justicia Federal por delitos vinculados al narcotráfico", destacaron los funcionarios del MPA
Los fiscales también señalaron que "de acuerdo a la evidencia obtenida en esta investigación, el inmueble adquirido por el imputado en Sauce Viejo –respecto del cual no pudo acreditar la proveniencia de los fondos para su adquisición– le fue vendido a otro hombre que también es investigado por la Justicia Federal por 'haber organizado actividades ilícitas de comercialización y transporte de estupefacientes'".
Juicio oral y público
Luego de la audiencia preliminar, la jueza Luna deberá resolver las cuestiones planteadas por las partes. En caso que considere que están dadas las condiciones, deberá dictar lo que se denomina el auto de apertura a juicio para que se realice el juicio oral y público.
Por su parte, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) deberá sortear el juez para el debate y fijar la fecha para el inicio del debate.
