Pequeñas localidades del departamento Rosario elevaron un reclamo contra la concentración y el desplazamiento de recursos policiales (efectivos y móviles) hacia las ciudades más grandes de la provincia. Afirman ven mermadas sus dotaciones y piden más colaboración de las autoridades centrales.
El traslado de los efectivos de la Guardia Rural Los Pumas desde Empalme Villa Constitución a la cabecera departamental generó zozobra en la comuna afectada. También entre los productores, quienes sin embargo no pudieron evitar la medida.
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Pero el caso de Los Pumas de Empalme, parece haber sido la primera luz de alarma. Ahora, fueron los presidentes comunales de Villa Amelia, Coronel Domínguez y Uranga quienes presentaron un reclamo en la Secretaría de Integración y Fortalecimiento Institucional de la Provincia de Santa Fe. Fue por la decisión de la Unidad Regional II de quitarles móviles policiales para que presten servicios en Rosario.
Las localidades, distantes de Rosario entre 31 y 43 kilómetros (Uranga es la más lejana), cubren los gastos de mantenimiento. Es decir, reparaciones mecánicas y el combustible de los vehículos que hasta el momento estaban asignados a sus jurisdicciones. Y algunos de ellos, aseguran ahora, les serán retirados.
En la nota que dirigieron al funcionario provincial, José Luis Freyre, los mandatarios detallaron que los móviles fueron reparados con recursos propios. “En Villa Amelia llevamos invertidos 259.923 pesos para funcionamiento policial” indicó el presidente comunal, Javier Ruggieri. Y agregó: “Esto implicó duplicar el presupuesto anual destinado a seguridad”. En Uranga, Alex Sabbatini expresó que “se gastaron 100 mil pesos para reparaciones”.
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En el caso de Coronel Domínguez, Mónica Villegas solicitó “la reparación del móvil 7.055 que salió de funcionamiento por problemas mecánicos muy costosos que en esa oportunidad desde la comuna no podemos afrontar, y la Unidad Regional II tampoco”.
Menos combustible
Para colmo de males, los jefes comunales afirman que en lo que va del año la Unidad Regional II realizó una reducción en los litros de combustibles que enviaba para los vehículos. Por lo que las comunas debieron asumir el costo mensual de la nafta faltante para poder mantener la calidad y modalidad del servicio. Y ahora se suma “la quita de los móviles y los efectivos policiales para que presten servicio en la ciudad de Rosario. Se deja a estos pueblos sin la cobertura de seguridad necesaria”, insisten.