En el marco de la investigación desarrollada por la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe, a cargo de Walter Rodríguez, con la colaboración del Área de Fraudes Económicos y Bancarios de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), el juez subrogante a cargo del Juzgado Federal N°2 de esa jurisdicción, Marcelo Bailaque, procesó sin prisión preventiva a 18 exdirectivos del Mercado de Valores del Litoral por omitir los controles –que debían ejercer en su calidad de garantes- que hubieran evitado que el dueño de Bolsafe Valores, Mario Rossini, estafara a más de 400 ahorristas. Además, trabó embargo sobres sus bienes hasta cubrir la suma de 5 millones de pesos cada uno.
En su resolución, el juez Bailaque procesó a los 18 contadores y empresarios “como partícipes necesarios de los delitos cometidos por Mario José Enrique Rossini, Omar Santos Francisco Rossini y María Mercedes Leiva previstos y penados por los artículos 173 inc. 7 del CP -defraudación por administración fraudulenta-, como delito continuado”. También, procesó a siete de ellos como “como partícipes necesarios del delito cometido por Mario José Enrique Rossini y María Mercedes Leiva, consistente en la infracción al art. 310, segundo párrafo del CP, -captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el mercado de valores-“.
La Ley 17.811 –ya derogada- establecía que el Mercado de Valores del Litoral (MVL) debía controlar a los intermediarios financieros inscriptos en sus registros -entre los que se encontraba Bolsafe- y velar por la autenticidad de las operaciones bursátiles que se realizaran y la protección del público inversor.
Sin embargo, como lo señaló el juez en su resolución, las personas imputadas –desde las posiciones que ocuparon dentro del MVL, y en los periodos de tiempo señalados- “habrían infringido su posición especial de garante al omitir en forma consciente, sus funciones de supervisión y disciplina sobre el agente bursátil Bolsafe Valores SB SA y su presidente Mario José Enrique Rossini y los demás directivos de la empresa, siendo el nombrado además presidente de la sociedad anónima BV Emprendimientos; y por lo tanto permitido la continuación de las maniobras fraudulentas llevadas adelantes por Rossini y sus empleados a través de las sociedades mencionadas, desde septiembre del año 2003 hasta diciembre de 2012, a pesar de haber tomado conocimiento de ello, y de contar con los recaudos eficaces para impedirlo. De esa manera, además, a partir del 28 de diciembre de 2011, habrían consentido la captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil desarrollada por los imputados Mario José Enrique Rossini y María Mercedes Leiva, agravada por el uso de medios de difusión masiva”.
El juez agregó en su resolución que “el quiebre del deber que les era exigible se produjo al no ejercer sus facultades orientadas a velar por la transparencia del mercado, puesta a disposición del inversor de información adecuada, veraz y eficaz, actuación diligente y leal de los agentes de bolsa y la protección al público inversor, todo ello en el marco legal del funcionamiento de un mercado autorregulado”. Ello, explicó el magistrado, “generó una desprotección patrimonial e indefensión en el público inversor, permitiendo el desarrollo y la continuidad de toda la operatoria de captación, despojo y transferencia realizada desde Bolsafe Valores hacia otra empresa controlada por Rossini –BV Emprendimientos-, que hacía las veces de sociedad de bolsa paralela operando en el mercado de capitales sin autorización”.
El juez señaló que los “integrantes del MVL realizaron una contribución, por omisión, sin la cual no habrían podido ser llevados a cabo los delitos cometidos por Mario José Enrique Rossini, Omar Santos Francisco Rossini y María Mercedes Leiva: arts. 173 inc. 7 y 310, ambos del CP”.
En ese entido, consideró que “las personas imputadas que formaron parte del Mercado de Valores del Litoral S.A. ocuparon una posición de garante de control o supervisión con relación a la actividad desplegada por Mario José Enrique Rossini, Omar Rossini y Mercedes Leiva, sus socios, empleados y empresas vinculadas y la omisión consciente de esas funciones de supervisión da lugar a una intervención en los delitos correspondientes”.
Así, destacó que “los garantes estaban obligados a supervisar la actividad (ilícita) de los coautores de los delitos en cuestión y, además, contaban con amplias facultades de control y disciplinarias para llevar a cabo su tarea. Por ello, entiendo que si los garantes hubiesen ejercido debidamente sus facultades de control, el delito no habría podido ser llevado a cabo tal como fue ejecutado”.
