Si las entidades rurales se habían ilusionado algo con mejorar la relación con el gobierno de Alberto Fernández tras los anuncios de una mayor apertura exportadora para la carne vacuna, la sensación comenzó a disolverse el viernes, cuando se conoció una nueva intervención en los mercados, con la fijación de límites explícitos para la exportación de trigo y maíz.
Este domingo se sumaron dos nuevos baldazos de agua fría cuando se conoció la voluntad del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, de crear dos nuevos mecanismos temidos por el campo: un Instituto de Tierras y un Fideicomiso para compensar a los productores de harina y pollos (esto es, a los sectores molinero y avícola).
En las últimas horas, Domínguez participó primero de un acto en la Universidad de La Plata, en el que convocó a “planificar un nuevo ordenamiento territorial que defina el modelo de desarrollo agrobioindustrial de nuestro país, como también lo ha planteado nuestro Presidente Alberto Fernández”. De ese modo, hizo referencia a los continuos llamamientos del presidente a crear un banco de tierras fiscales para radicar allí a nuevas familias de pequeños productores.
En junio pasado, luego de que presidente dijo “no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno, y no tiene sentido guardarlo para que el día que se muera, un hijo lo herede”, se produjeron tomas de tierra en diferentes localidades, como el caso de Reconquista, en el norte santafecino.
El titular de Agricultura lo denominó “Instituto de la Tierra”. A muchos dirigentes rurales se les erizó la piel pensando en la “reforma agraria” que proponen dirigentes sociales como Juan Grabois y en las contantes usurpaciones de campos y ataques protagonizados por los pueblos originarios, en especial los mapuches en el sur del país. Si bien el funcionario no brindó mayores precisiones, consideró que “la cuestión de la tierra va a ser central en los próximos años” y remarcó que “también tenemos estudiar el mejor aprovechamiento del agua y una mejor distribución territorial para el desarrollo de nuestro país”.
“Argentina está llamado a ser durante los próximos 30 a 40 años uno de los grandes proveedores de alimentos y proteínas animales que el mundo demanda y que Argentina tiene capacidad para producir, generar valor agregado, industrializar. Este es el desafío que tenemos”, suavizó un poco su iniciativa el titular de la cartera agropecuaria, para la que dijo querer aportarse en las universidades nacionales y en el sector científico tecnológico.
Compensaciones
Pero si esta propuesta para crear el Instituto de la Tierra había sonado preocupante para los dirigentes de la Mesa de Enlace, todo el acercamiento terminó por dinamitarse luego de la filtración de un documento de trabajo del Ministerio de Agricultura, que propone –con lujo de detalles- la creación de un “Fondo Anticíclico Agropecuario” para compensar con dinero a las empresas molineras y avícolas por el impacto que en su estructura de costos tienen el trigo o el maíz. Los cereales han sufrido fuertes subas de precios en el mercado internacional, y por eso el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, había hablado semanas atrás de subir las retenciones que tributan ambos cereales (actualmente del 12%) o de crear un fideicomiso donde exportadores subsidien al consumo interno.
La iniciativa que proyectaron en el Ministerio de Agricultura parece querer ir en ese sentido, ya que persigue crear un fideicomiso que permita, con aportes de los exportadores de cereales que seguramente serán descontados del precio al productor, compensar a molinos y avícolas por la suba de los precios internacionales del trigo y el maíz. ¿Para qué? Para que los altos precios de esos granos no impacten luego en la provisión al mercado interno de ciertos alimentos básicos.
Concretamente el borrador elaborado en el área de la Subsecretaría de Agricultura, que maneja Delfo Buchaillot (un hombre vinculado al grupo AGD del empresario Roberto Urquía), propone subsidiar el trigo necesario para elaborar las bolsas de 25 kilos de la harina de trigo triple cero, los paquetes de 1 kilo de ese mismo alimento, y los fideos secos en paquetes de 500 gramos. También la iniciativa quiere compensar el maíz necesario para producir el pollo entero refrigerado o congelado con o sin vísceras que se vende para consumo interno. Peor no incluye otros alimentos que utilizan ese grano, como la polenta, la carne bovina proveniente de corrales de engorde o la carne de cerdo.
Esta compensación para los fabricantes de dichos alimentos (avícolas, molinos y algunas industrias alimenticias) se sumaría al subsidio implícito que significan las retenciones vigentes del 12%, y que podrían ser elevadas hasta un tope de 15%, según lo estableció la Ley de Emergencia Económica sancionada a fines de diciembre de 2019, días después de que Alberto Fernández asumiera la presidencia.
El documento de Agricultura, que es un borrador, calculó que –a valores de noviembre de 2021- será necesario un presupuesto de 14.645 millones de pesos para subsidiar el precio interno de esos alimentos básicos. El mayor aporte (12.400 millones) sería por el trigo, en tanto que el subsidio al maíz representaría 2.245 millones. Sucede que se necesitarán 3,13 millones de toneladas de trigo (sobre una cosecha de 20 millones) para subsidiar los paquetes de harina. Y 1,5 millones de toneladas de maíz (sobre una cosecha de 50 millones) para dar alimento barato a los pollos.
El proyecto dice con precisión que los recursos necesarios no serían aportados por el Estado (como ya sucedió en una experiencia previa de compensaciones, timoneada por la desaparecida ONCCA entre 2007 y 2011), sino por los exportadores de trigo y maíz, además de las avícolas que exporten carne de pollo. Este es el punto más controversial para los dirigentes rurales, que temen que el aporte exigido a dichos sectores sea descontado directamente del precio pagado a los productores, como ya sucede con las retenciones.
“Todo exportador de trigo, maíz y carne aviar y sus correspondientes derivados estarán obligados a ser parte del aporte al fondo”, define el anteproyecto, que podría crear este fideicomiso a través de una Resolución conjunta de los Ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo. También define que “las compensaciones se pagarán una vez comprobado el abastecimiento en valor y volumen al mercado interno”, dice la propuesta oficial, que asegura que “habrá mecanismos de revisión para evitar distorsiones”.
