Luego de más de un año desde la creación del Observatorio de Víctimas de la Cámara de Diputados, que tenía como función principal colaborar en la redacción de una Ley que proteja sus derechos y garantías, finalmente la Cámara Baja le dio media sanción y posteriormente fue incluida en el período de sesiones extraordinarias por el Ejecutivo provincial.
"El proyecto tuvo media sanción, es una norma muy importante para la provincia de Santa Fe. Logramos que el gobernador mande la ley a extraordinarias, algo que permite que en este tiempo ya pueda ser tratada por la Cámara de Senadores", comentó el diputado Oscar "Cachi" Martínez, autor de la iniciativa en diálogo con Cadena OH!.
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"Venimos dialogando con las asociaciones de víctimas, con entidades que trabajan sobre este problema que tenemos, y espero que el cuerpo pueda tratar rápidamente esta iniciativa", añadió el legislador.
Caso Vanesa Castillo
Juan Ramón Cano fue condenado el 21 de septiembre del 2020 a cadena perpetua por el crimen de la docente Vanesa Castillo, ocurrido en febrero de 2018 en la puerta de la escuela Victoriano Montes de Alto Verde.
La sentencia del juicio le ordenaba asumir las costas del proceso y de la apelación. Sin embargo, como el condenado se declaró insolvente, la ley de honorarios profesionales prevé que el pago sea asumido por la querella, por lo que la familia de la víctima deberá hacerse cargo con un dinero que no tiene.
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Al respecto, el diputado consideró que "justamente esto es lo que sucede. En muchos casos participar como querellantes tiene que ser a través de que las víctimas tengan que contratar abogados de forma personal, y por otro lado el imputado tiene una representación legal del estado. Por eso proponemos esta ley, que es muy importante".
La iniciativa
La norma apunta entre otras cosas a que el Estado "asegure que, en las distintas instancias preventivas, ya sea cuando intervienen la policía y los fiscales, o después en el proceso judicial, o aún en el cumplimiento de las penas, se respeten y se resguarden los derechos de las víctimas".
En ese orden, el proyecto reconoce y garantiza el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional, en Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y en la Ley Nacional de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos N° 27.372.
