El oficialismo logró avanzar este jueves con un dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto 2023. El Frente de Todos aceptó varias modificaciones reclamadas por la oposición, como un aumento a los subsidios del transporte de pasajero del interior y una “cláusula gatillo” que obliga al Ejecutivo a enviar al Congreso una ampliación del plan de gastos y recursos si la inflación supera la proyección y el Estado termina recaudando más de lo previsto. También se incluyó, a pedido del oficialismo, un artículo para que todos los jueces y funcionarios del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias.
Los diputados de Juntos por el Cambio no acompañaron el dictamen y señalaron que seguirán analizando los últimos artículos agregados. Sin embargo, varios opositores reconocieron que probablemente votarán favorablemente en el recinto por dos razones: primero porque las pautas macroeconómicas son más “realistas” (60% inflación y 2% de crecimiento económico) y porque el oficialismo aceptó varias modificaciones; en segundo término, porque consideran que rechazar el proyecto por segundo año consecutivo le da total discrecionalidad al Gobierno para reconducir los gastos por decreto. “En un año electoral sería algo muy complejo, ya lo vivimos este año”, señalaron desde el radicalismo.
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La actualización del Presupuesto si la inflación supera lo proyectado fue uno de los principales reclamos de Juntos por el Cambio. Finalmente, el artículo incorporado estipula que si al 31 de agosto de 2023, la inflación acumulada supera en 10% la meta anual establecida o si los ingresos públicos superan en 10% lo presupuestado, el Ejecutivo deberá enviar “en un lapso de 30 días una ampliación del Presupuesto, no pudiendo hacerlo por decreto”.
Por otro lado, a pedido de diputados de varias provincias y por presión directa de los gobernadores del Norte Grande, el Ministerio de Economía aceptó aumentar la partida de subsidios de transportes de pasajeros del interior de $66 mil millones a $85 mil millones.
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Además, el articulado fue rectificado para aclarar que esa cifra será “un piso a partir del cual se revisará el funcionamiento del sistema para actualizar el importe”. También se creará el Consejo Federal para la Administración de Subsidios para el Transporte de Pasajeros, “con el objeto de evaluar el uso y la aplicación de recursos, como así también la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) como medio de percepción de la tarifa para el acceso a la totalidad de los servicios del transporte público”.
Varias provincias también plantearon reparos ante el artículo 90, que propone que Cammesa (mayorista de energía eléctrica) se cobre las deudas de las provincias a través de descuentos automáticos de los fondos coparticipables. El oficialismo aceptó incluir un plan de regularización de deuda de hasta 96 cuotas mensuales. Sin embargo, mantuvo que las provincias son co-responsables y al término del plazo de seis meses el Gobierno podrá retener la suma adeudada, pero no de los fondos coparticipables.
