La Legislatura provincial aprobó, una semana atrás, la ley de emergencia en Seguridad y Servicio Penitenciario, como la adhesión de Santa Fe a la ley nacional de narcomenudeo. Se trata de un conjunto de normas que están incluidas en el paquete de once proyectos que el Ejecutivo provincial presentó el miércoles pasado al bloque oficialista y horas después ingresó para el tratamiento en el Senado y en la Cámara de Diputados.
El objetivo de la sancionada ley de Emergencia en Seguridad Pública y Servicio Penitenciario es agilizar adquisiciones, proponer habilitaciones presupuestarias amplias, incluso en obra pública y amplias facultades de reordenamiento en la organización policial y del servicio penitenciario como el fortalecimiento de las áreas investigativas y de inteligencia. El texto brinda herramientas sobre la Policía, el Servicio Penitenciario e incluso del Ministerio Público de la Acusación.
Aún queda pendiente un paquete de leyes en materia de Seguridad enviados por el Ejecutivo, entre los que se destacan:
- Reformas a la ley 13.013 de fortalecimiento del Ministerio Público de la Acusación.
- Creación de una agencia de medidas no privativas de la libertad
- Ejecución de la pena privativa de libertad
- Producción y gestión de la información para la prevención del delito
- Juicio por jurados
- Reformas al Código Procesal Penal
- Reformas a la ley 13.014 del Servicio Público provincial de la defensa penal
- Reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial
Sobre esta batería de normas todavía en danza, el ex subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Héctor Acuña, señaló la necesidad de ofrecer un plazo considerable para que sean discutidas y que distintos sectores puedan emitir opinión.
“El gobernador preparó las leyes y está legitimado. Tiene mayoría legislativa por lo que no le va a costar sacar las normas, que no van cambiar si se demoran 30 días, por lo que es importante que determinados sectores que participan en esas formaciones de normas, como fiscales, jueces y abogados puedan expresarse”, argumentó Acuña.
Respecto a ley de emergencia en Seguridad, el dirigente político señaló la necesidad de crear una comisión bicameral para el control de la norma, “sobre todo con el manejo de fondos públicos y contrataciones, para darle a la ciudanía un respaldo de que acá no hay un cheque en blanco, sino que existe un contralor”.
Por otro lado, en relación a las nuevas medidas del gobernador, sobre derivar presos de comisarías a cárceles y “sacar” la policía a la calle, el ex subsecretario de Asuntos Penitenciarios pidió “cuidado” en reducir la inseguridad a solo un problema de infraestructura: “debemos pensar en la reconstrucción del tejido social y tener mucho cuidado con la concentración y el cierre de comisarías, porque ellas son un mojón del Estado en el barrio. Darle la concentración de la investigación a la policía, cuando está señalada por toda la sociedad, y que la fiscalía de delitos complejos no tenga una brigada para investigar no es saludable. Además, con este pensamiento de duda sobre la policía, darle tanta concentración es peligrosísimo, por eso creo que el Gobierno va a tener que extremar los recaudos, para evitar que mañana el Estado pueda caer en el error de regular el mercado”, añadió.
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