Tras el procesamiento de Herme Juárez y parte de su entorno, un veedor judicial avanza con el pago de salarios y analiza si solicita a la Justicia Federal la intervención de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín, cuyo presidente es el histórico sindicalista detenido.
La veeduría tiene un plazo de 15 días y administra los elementos mínimos que no secuestraron los funcionarios de la Policía Federal Argentina y del Ministerio de Seguridad de la Nación que participaron de los allanamientos ordenados por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay. El objetivo es cumplir con las obligaciones y garantizar el funcionamiento.