Autoridades médicas de la Unidad Primaria de Atención Sanitaria N° 3 de Villa Griselda, La Banda, en Santiago del Estero, le negaron la interrupción legal del embarazo (ILE) a una nena de 12 años que quedó embarazada producto de una violación.
María es cartonera y, tal como consta en su legajo del sistema de protección de niñez, su vida está atravesada por la violencia sexual desde pequeña: figuran denuncias en 2011, 2013 y 2017.
En Santiago del Estero no se aplica un protocolo de atención de los casos de aborto permitidos en el Código Penal desde 1921 y lo que ocurre en muchos casos es que profesionales de la salud que trabajan en el sector público operan para impedir las ILE.
El 2 de abril la niña fue a atenderse con dolores abdominales a la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) N° 3, de Villa Griselda, de La Banda. La revisaron y la mandaron a hacerse una ecografía a otro UPA, ya que ahí no tenían equipamiento. Finalmente se la hicieron el 6 de abril en el del barrio Misky Mayu.
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La ecografía dio una edad gestacional de 20 semanas. La menor y su madre regresaron a la UPA de Villa Griselda y tal como pudo reconstruir la referente en Salud Sexual y Reproductiva de Santiago del Estero, nunca le brindaron la consejería en derechos sexuales y reproductivos ni le dieron información adecuada y conforme a su autonomía progresiva contemplada en la Convención sobre Derechos del Niño (artículos 3 y 5) y el Código Civil y Comercial de la Nación (artículo 26).
La médica María de los Ángeles Pereyra, coordinadora de la UPA N° 3, de Villa Griselda demoró casi tres semanas en informar a las autoridades sanitarias de la provincia sobre el embarazo de María que, dado que tiene menos de 13 años, se considera siempre que es producto de violencia sexual.
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Cuando el informe ingresó al Ministerio de Salud, teniendo en cuenta la información notificada por la médica Pereyra, se presumió que la niña ya tenía un embarazo avanzado, que entraba en la semana 30 de gestación, lo cual dificultaba la posibilidad de ILE.
El miércoles 13 de mayo, se convocó a un tocoginecólogo especializado de la provincia que dio garantías, siguiendo el protocolo de ILE de Nación, de que se estaba a tiempo para ofrecer la práctica a la niña. Pero un alto funcionario de Maternidad e Infancia, se echó atrás: alegó que en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva le dijeron que no era apropiada la práctica.
Fuente: Clarín
