El Concejo Municipal de Rosario recibió a los abogados que plantearon el amparo colectivo ambiental en la Justicia Federal de Rosario por los incendios en las islas y del cual surgió la suspensión de las quemas autorizadas y la orden para que la Nación instrumente un plan preventivo permanente. Se trata de Marcos Peyrano y Froilán Ravena, quienes expusieron en la Comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana.
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El presidente de la misma y del bloque Cambiemos, Roy López Molina, destacó la "importancia de la audiencia" para "poner fin a los incumplimientos de Entre Ríos" y, en base a lo planteado por Ravena y Peyrano, hizo responsable al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, "del incumplimiento de la propia normativa que el Estado provincial ha generado".
López Molina mencionó asimismo la facilidad con la que se puede pedir autorización para quemas y dijo que los funcionarios entrerrianos "han esquivado el bulto". Resaltó además que "desde el viernes de la semana pasada –cuando se conoció el fallo de la Cámara Federal- cualquier quema es un delito".
Por su parte, el abogado Marcos Peyrano señaló "es muy importante la participación de todos los actores en este tema" y reiteró la sugerencia de que se presenten en la causa tanto el Departamento Ejecutivo como el Concejo Municipal. El vicepresidente del cuerpo, el propio López Molina, lo hizo el 15 de julio pasado.
Los alcances
Peyrano explicó que a la presentación la efectuaron por "la angustia y enojo como rosarinos" ante la situación que afecta a la ciudad por los permanentes incendios en las islas frente a Rosario.
Resaltó que la Cámara declaró la "incompetencia en materia de acción por daños e indemnización", en la que deberá intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero "ordenó prohibir nuevos focos ígneos y genéricamente prohibió la generación de quemas". Agregó, por otra parte, que "hasta esta orden no estaban prohibidas las quemas".
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La conducta de los funcionarios de Entre Ríos
En tanto, y "por fuera del PIECAS se ordena al Ministerio de Ambiente de la Nación a un sistema permanente y preventivo" de monitoreo y en tal sentido hizo referencia Peyrano a los "faros" de los que habló el ministerio nacional. Determina, asimismo, un "mapeo de la zona" y cualquier otra medida en el marco de la prevención. En este caso los ministerios de Ambiente y de Seguridad de la Nación, también deberán presentar un informe bimestral.
Peyrano indicó que igualmente dispone la realización de una audiencia con la participación de las tres provincias, los ministerios de Ambiente y Seguridad de la Nación; la Municipalidad y el Concejo Municipal de Rosario, la Municipalidad de Victoria, la Prefectura Naval Argentina y las entidades ambientalistas que estén trabajando en la zona.
Se fundamenta la audiencia en la necesidad de un "plan preventivo", y además, agregó que plantearon que "se expliciten sanciones para casos de incumplimiento".
En el recurso presentado también solicitan la "atención y remediación de los daños" y en tal sentido proponen la creación de un Fondo Especial para Reparación de Daño Ambiental, que estará a cargo de la Municipalidad de Rosario, con el control del Concejo Municipal.
A su turno, el abogado Froilán Ravena precisó que en el aspecto penal se pidió respecto a la "posible desobediencia del gobierno de Entre Ríos y el incumplimiento de los deberes de funcionario público". Para concluir, requirió que "se analice una posible conducta criminal de algún funcionario de Entre Ríos".
