Los poderes judiciales de las provincias, nucleados en la "Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires" (Jufejus) le plantearon al consejo consultivo para la reforma judicial la necesidad de limitar el tipo de causas que llegan desde cada jurisdicción a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El tema fue uno de los tres abordados por el representante de la Jufejus en la última reunión convocada por el comité de expertos, el martes último, para escuchar a distintos actores judiciales, según una fuente que participa de las deliberaciones.
El vocero del organismo de las justicias provinciales fue el juez del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, Ariel Gustavo Coll, quien se refirió a la necesidad de "actualizar la regulación existente, por parte del Congreso, respecto a la competencia en grado de apelación que tiene la Corte Suprema de Justicia", relató la fuente consultada.
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Según la Jufejus, la Corte debería entender solamente en casos derivados de las provincias cuando importen alguna interpretación de la Constitución, pero no cuando se presuma una interpretación arbitraria de las normas, como ocurre en la actualidad.
En esa línea, Coll propuso que se regule el llamado "Recurso Extraordinario" como vía para llegar a la Corte, y que se lo reserve solo para su "indelegable rol de custodia e intérprete final de la Constitución Nacional, en temas de trascendental importancia", y no en los casos de "derecho común" que quedarían así bajo la órbita exclusiva de las provincias.
De acuerdo a los voceros consultados, el integrante de la Jufejus también se pronunció a favor del traspaso de la jurisdicción penal nacional no federal, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Al respecto, dijo que no se trata de un "mero incumplimiento" sino del "restablecimiento del equilibrio federal perdido hace años".
"El artículo 129 de la Constitución Nacional contiene un modelo de organización institucional para la CABA que, hasta la fecha, no ha sido debidamente asumido por los distintos gobiernos que se han sucedido desde 1994. Propiciamos un traspaso pleno de jurisdicción", sostuvo Coll ante los 11 miembros del consejo consultivo para la reforma de la Justicia.
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Incluso fundamentó que mientras ese traspaso no se lleve adelante, existe un "desajuste institucional grave que impacta severamente en la distribución de los recursos públicos", porque "las veintitrés provincias argentinas se hacen cargo de financiar los gastos que demanda el servicio de administración de Justicia en CABA".
Por otra parte, el ministro del Superior Tribunal formoseño avaló que se amplíe a todo el país el sistema de juicios por jurado y se refirió a las "experiencias positivas" producidas en las provincias donde ya rige esa modalidad.
Otro aspecto abordado por el expositor de la Jufejus fue el de la posible ampliación del número de jueces de la Corte Suprema, tema sobre el que consideró "innecesario ingresar a su análisis", aunque propició que "cuando deba producirse el natural recambio de sus actuales integrantes, se incorpore para la nueva conformación una clara perspectiva de género y se adopte, asimismo, un sistema de representación federal".
Coll también reconoció "el enorme trabajo que viene realizando la Corte Suprema al establecer líneas jurisprudenciales que se orientan hacia la ampliación de derechos, aplicación de convenios internacionales, consolidación de derechos humanos, civiles y personalísimos, criterios que siguen y afianzan los Supremos Tribunales Provinciales", señaló.
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El comité de expertos convocado por el presidente Alberto Fernández está integrado por Claudia Beatriz Sbdar, Hilda Kogan, María del Carmen Battani, Marisa Herrera, Inés Weinberg de Roca, Carlos Alberto Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, León Arslanian y Enrique Bacigalupo.
Según las fuentes consultadas, el cuerpo optó por escuchar a los expositores invitados sin intervenir con preguntas y aceptó recibir ponencias por escrito.
En todos los casos se aclaró a los convocados que la labor del consejo es consultiva y de tipo académica.
El comité de especialistas comenzó a funcionar el 18 de agosto y desde entonces recibió las opiniones de representantes del Consejo de la Magistratura, de los colegios de abogados, de los ministerios públicos (Fiscalía y Defensa) de la Cámara de Casación, de organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales como Fundejus (Fundación de Estudios para la Justicia), entre otros.
