La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile detuvo hoy a un efectivo de Carabineros al que el Ministerio Público imputó por "homicidio frustrado" para que investiguen "si empujó intencional o accidentalmente a un adolescente" que iban a detener en un puente en Santiago y que cayó al río Mapocho por lo que sufiró múltiples fracturas.
La Fiscalía Centro Norte, que interviene en el caso, informó que el imputado "será formalizado mañana por la fiscal de Alta Complejidad Ximena Chong" y sostuvo que la investigación permitió "establecer que hay antecedentes de su responsabilidad en los hechos".
El incidente ocurrió ayer a última hora de la tarde, en el contexto del sexto viernes consecutivo de protestas en el centro de la ciudad, que terminó con disturbios y al menos nueve detenidos, a menos de un mes del plebiscito que puede determinar el cambio de la Constitución tras el estallido social de hace un año.
Autoridades gubernamentales, judiciales y policiales habían asegurado esta mañana que el caso ya estaba investigándose ante la sospecha de que la caída del joven no hubiera sido accidental sino provocada por un uniformado.
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"Lo que sucedió es que hubo una detención; lamentablemente, al intentar detenerlo, esta persona cae; si es empujado o cayó solo es algo que va a determinar el Ministerio Público a través de su investigación", afirmó entonces el jefe de la Zona Santiago Oeste de Carabineros, general Enrique Monrás.
El oficial señaló en conferencia de prensa que los investigadores estaban "viendo los videos para determinar si el joven se cayó o el carabinero lo empujó", y arriesgó: "Para mí, el funcionario intentó detenerlo".
"Personal de infantería, más el apoyo de lanzaaguas, hacen un despeje en el puente Pío Nono en dirección al norte, y en esta situación, cuando personal de Carabineros va a intentar detener a las personas, uno de nuestros carabineros, al tratar de detener a un joven, éste pierde el equilibrio y cae por la baranda del puente al río", describió.
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Monrás aseguró que "en forma inmediata" se dio intervención a la fiscalía Centro Norte y a la PDI, a las que se facilitó el acceso a las cámaras que los uniformados llevan en el cuerpo y a los registros fílmicos disponibles.
"Es un procedimiento policial en un momento de violencia, es lamentable que haya ocurrido, estamos trabajando para que estos hechos no ocurran", dijo el ministro del Interior, Víctor Pérez.
El funcionario sostuvo que en el operativo de anoche "se usaron protocolos absolutamente distintos, nuevos", con alerta por micrófono de que los policías "van a actuar".
En tanto, el gobierno del presidente Sebastián Piñera afirmó en un comunicado que "respalda la necesaria y fundamental labor de Carabineros" pero al mismo tiempo "rechaza y condena categóricamente toda acción que atente contra los derechos humanos".
La nota, divulgada este mediodía por la Dirección de Prensa de la Presidencia, asegura que el gobierno ordenó a Carabineros "realizar un sumario administrativo" y "apartar al funcionario involucrado de sus labores operativas mientras se realiza la investigación correspondiente".
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El hecho causó indignación pues los registros de vídeo que circularon parecían demostrar la voluntad del carabinero de empujar al adolescente de 16 años desde el puente.
El joven permaneció durante varios minutos inconsciente en el lecho del río, pero la acción de otros manifestantes, que lograron descender, permitió socorrerlo y quedó internado en la clínica Santa María con múltiples fracturas.
El sanatorio reportó esta tarde que el muchacho ingresó con fracturas en las dos muñecas, "además de un traumatismo encéfalocraneano cerrado en evolución", y que fue operado en las muñecas con resultado "favorable"
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"En este momento se encuentra en observación en la unidad de cuidados intermedios y su condición es estable y fuera de riesgo vital", agregó el parte.
Diversas organizaciones repudiaron el hecho y reclamaron la renuncia del jefe de Carabineros, general Mario Rozas, y la intervención de la fuerza.
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El diputado opositor Raúl Soto, presidente del Partido Demócrata Cristiano, exigió "la renuncia inmediata" de Rozas, de quien dijo que "debe asumir su responsabilidad por las violaciones de derechos humanos que se arrastran en total impunidad".
El jefe de la bancada del Partido Socialista en la Cámara de Diputados, Luis Rocafull, reclamó también la "remoción inmediata" de Rozas, advirtió que hasta que esto no suceda su sector no aprobará la partida del presupuesto 2021 para Carabineros y anunció que presentaría una acusación constitucional (juicio político) a Pérez.
Rocafull agregó que los socialistas estaban conversando con dirigentes de otros partidos con el fin de que esas iniciativas sean presentadas por "la oposición en su conjunto".
Por su parte, la Red de Constitucionalistas por la Nueva Constitución Social y Democrática apuntó a los líderes políticos, que "han estimulado estos comportamientos ampliando indebidamente las facultades policiales, ofreciendo recursos cada vez que se le piden y convalidando investigaciones internas que carecen de cualquier racionalidad, garantizando así, impunidad".
