Los resortes administrativos comenzaron a ponerse en funcionamiento, luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara este lunes que se denunciará penalmente a los ex funcionarios de Cambiemos que rubricaron el acuerdo con el Fondo Monetario sin controles ni restricciones.
"He instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quienes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra", confirmó el mandatario en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.
Las autoridades que llevarán a cabo esta tarea son la Oficina Anticorrupción (OA), la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Unidad de Información Financiera (UIF). Los elementos fueron aportados, casi en simultáneo con los dichos del Presidente, por el Banco Central, a partir de un exhaustivo informe que realizó a mediados del año pasado sobre el endeudamiento macrista.
Ni bien Alberto Fernández terminó su exposición, donde anunció la decisión de avanzar en una causa contra los funcionarios implicados en el mega endeudamiento con el Fondo, entre ellos al ex presidente Mauricio Macri; el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne y los ex titulares del Banco Central Federico Sturzenegger y Guido Sandleris, entre otros; la autoridad monetaria emitió un comunicado en el que solicitaba intervención de la SIGEN y la OA para analizar las investigaciones llevadas a cabo. La denuncia sería por maniobras que generaron un "perjuicio a la Argentina" en términos económicos y sociales.
La primera reunión para analizar el caso, que en algunas dependencias se recibió incluso con sorpresa, fue este martes en la OA, organismo descentralizado dependiente del Ejecutivo, a cargo del Félix Pablo Croux. Allí se analizaron los pasos a seguir y los elementos para iniciar una denuncia penal. Desde la UIF señalaron que están estudiando "hace tiempo el tema del préstamo FMI sobre la base de los informes del Central". "Está en contacto constante con el BCRA y la Comisión Nacional de Valores, donde "hay una mesa de trabajo pero no hay causa por el momento para accionar", explicaron a este medio.
La clave de la documentación del Central se enfoca en la falta de pasos legales hasta la aprobación y posterior control del préstamo. No sólo los incumplimientos en el convenio constitutivo sino de los propios objetivos fijados en el memorándum por los funcionarios que los firmaron, Dujovne y Sandleris. Desde la Sigen afirmaron que todavía no tienen nada con qué avanzar.