La municipalidad de Venado Tuerto multó a la agrupación política Ciudad Futura con 490 mil pesos y seis meses de inhabilitación para realizar espectáculos, por un evento organizado el 19 de marzo en la explanada del ferrocarril, en la que estiman hubo 2000 personas que violaron el distanciamiento social.
En tanto, integrantes del espacio descartaron el pago de la multa sin agotar las instancias judiciales y denunciaron una persecución política por parte del intendenta radical, Leonel Chiarella.
Sobre la multa, la jueza de Faltas municipal, Janina Ferreyra, señaló que “tomamos conocimiento de los hechos por acta de infracción que se labra el día 20 de marzo. Se constata que en el evento conocido públicamente como "Venado Birrea", el incumplimiento de los protocolos establecidos para Covid 19 en relación a la cantidad de personas, el distanciamiento social, el uso de tapaboca o barbijo”.
En rigor, las quejas de los vecinos por la gran multitud de personas que se hizo presente el viernes 19 de marzo en el evento “Venado Birrea” desencadenó que la municipalidad llevara el caso a la Justicia. Frente a ello, la magistrada señaló que, “a partir de la elevación al juzgado de faltas de esas actuaciones, citamos a los infraccionados a audiencia prevista en el ordenamiento normativo local (código municipal de faltas) y una vez cumplida esa etapa dictamos resolución condenatoria con una pena principal de multa (490.000 pesos) y una accesoria de inhabilitación (180 días). Esto sería en cuanto al procedimiento administrativo”.
Fundamentos
Ferreyra explicó que “los fundamentos en cuanto a la pena económica tienen sustento en lo previsto en la ordenanza local que establece un mínimo y un máximo en unidades fijas (U.F.) cuyo valor está establecido por el valor del litro de combustible. A partir de la aplicación de esta normativa se establece el importe de la sanción”.
“En cuanto a la inhabilitación que implica la restricción al ejercicio de un derecho ( en este caso la realización de eventos con fines de lucro y concurrencia masiva de personas). Lo que buscamos con esta sanción es concientizar sobre aquellas conductas individuales que afectan el bien común. En el caso puntual y en contexto de pandemia mundial la cuestión sanitaria es prioritaria. La salud de todos y todas como bien común”, resaltó.
En tanto, la jueza remarcó que “el incumplimiento de los protocolos previstos para Covid 19 tienen consecuencias que impactan directamente sobre el sistema de salud. Todo el ordenamiento jurídico en relación a la pandemia sigue vigente como así también los controles y las sanciones, por tal motivo en el caso particular se ha dictado la resolución condenatoria a la que hacía referencia”, finalizó.