En representación de un grupo de 80 socios de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín, seis estibadores presentaron un escrito ante la Cámara Federal de Rosario, el cual afirma que el juez federal Marcelo Bailaque, quien ejerce la tutela de la entidad, viene posibilitando “maniobras fraudulentas”, a través de una intervención “que no hace más que generar perjuicios económicos”.
“Lo más inquietante del caso es que, además de las irregularidades que presenta la operación, ya que el movimiento de fondos excede las facultades del interventor”, argumentaron en la nueva presentación, efectuada por el abogado Federico Joly.
“Supusimos erróneamente que la nueva intervención se abstendría de realizar maniobras tan burdas como peligrosas para los intereses de la entidad. Pero nos equivocamos, pues el interventor Sorrequieta, agravó aún más la situación, y dispuso nuevas inversiones en la misma mutual, por cifras que ahora llegan a los 1.000 millones de pesos”, sostienen los denunciantes que piden que los fondos vuelvan al Banco Nación”.
La Cooperativa permanece intervenida desde agosto de 2019, días después de que el juez federal de Campana Adrián González Charvay ordenara la detención de Herme Juárez, quien estaba al frente desde 1969, bajo acusaciones de lavado de dinero, extorsión y otros delitos. Juárez también controlaba el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) del Cordón Industrial, que igualmente fue intervenido.
Desde su caída, el control de la entidad viene motivando una guerra en la que pelean empresarios, políticos, abogados y los propios trabajadores portuarios, al concentrar el 60% del negocio del estibaje en las terminales cerealeras, genera un incesante flujo de fondos sobre el que todos quieren tener injerencia.
Los cambios lograron aquietar las aguas, pero solo por unos meses. A finales de abril, el informe presentado por la contadora de la entidad echó luz sobre nuevas operaciones financieras con la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales (del grupo Unión, cuya cara visible es Whpei), por montos superiores a los 1.000 millones de pesos.
"Los certificados de depósitos presentan sospechosas irregularidades”, sostienen los estibadores en su escrito, donde afirman que la totalidad de las actuaciones “representan el 26,5% de las inversiones financieras y el 15,5% del patrimonio de la cooperativa”.
“La concentración de semejante cifra en esa sola entidad Mutual constituye el equivalente a más del 40% del activo corriente de la entidad mutual que hoy tiene los depósitos (...). Además se trata de una entidad que no se encuentra bajo el control directo del Banco Central”, expresaron los estibadores en su denuncia.
Al final de su escrito, los socios de la entidad solicitan a la Cámara que se comprometa a “recomponer la paz social y la confianza en la Justicia”, dejando sin efecto el desbloqueo de fondos oportunamente dispuesto por el juez de primera instancia y ordene transferir los montos al Banco Nación, “en la modalidad de plazo fijo a 30 días, renovable automáticamente, hasta tanto las nuevas autoridades que legítimamente asuman en representación de los socios decidan en Asamblea el destino de los fondos”.