Los presos recapturados de la cárcel de Piñero, Joel Rojas, Sergio Cañete y Alejandro Schmittlein serán imputados esta tarde por su fuga del penal, a la par que serán acusadas dos personas más, que acompañaban a Rojas y Cañete pocas horas después del escape en el barrio Cabin 9.
El fiscal Franco Carbone dijo que hasta el momento, en "visión preliminar" de la investigación, "no hay sospechas de complicidad del personal penitenciario". En tanto, las comisiones de Seguridad y Derechos y Garantías de la Cámara de Diputadas y Diputados citaron para hoy a autoridades de Asuntos Penitenciarios, para que brinden detalles de lo ocurrido.
“Vamos a realizar formal audiencia imputativa a los recapturados y dos personas que llevaban en un auto a dos de ellos", adelantó el fiscal Carbone sobre las imputaciones por los delitos de "evasión agravada por uso de arma de fuego", en el caso de Joel Rojas, Sergio Cañete y Alejandro Schmittlein; y favorecimieto y encubrimiento, para los dos colaboradores, un hombre y una mujer, que trasladaban en un vehículo a los dos primeros, cuando fueron detenidos. También se achacará la portación de tres armas de fuego aptas para el disparo que estaban en el auto.
"Sin duda, la comunicación de los internos dentro del penal es lo que posibilita el primer contacto con alguien de afuera para empezar a proyectar cuestiones que terminan con la fuga del domingo”, realizada a partir de la llegada de un grupo armado, desde el exterior, que rompió los tejidos perimetrales.
Sobre las responsabilidades del personal penitenciario, Carbone dijo que "así como en la fuga de dos internos, el 17 de mayo (donde hubo agentes imputados), vimos complicidad y negligencia; en este caso nuestra visión preliminar es contrapuesta: desde los primeros minutos que nos enteramos de la fuga, con el fiscal Gastón Ávila (de homicidios) nos constituimos en la unidad penitenciaria y estuvimos trabajando unas 5 horas. Pudimos observar algunas cuestiones, y como visión preliminar no sospechamos, por el momento, de una complicidad del personal penitenciario” apuntó.
“Las personas que ocupaban puestos en las garitas se vieron superadas en número y en poder de fuego, son personas que no están comunicadas entre sí; cada garita es independiente de lo que hace la otra. Llegaron estas personas para abrir fuego y repelieron en la medida que pudieron", dijo.
Para el fiscal "definitivamente" pudo haber sido peor. "En el momento que estaban los de afuera cortando con la moladora, los internos ya estaban cortando por su parte el alambrado del patio, arrojando todo tipo de elementos contra la garita y los que estaban debajo, apuntando hacia arriba con armas de fuego. Arriba había un efectivo con una pistola con no más de 10 municiones y una escopeta con 10 cartuchos, cinco antitumulto y cinco de plomo”.
En ese sentido, el fiscal tuvo en cuenta que pudieron haberse fugado 15 personas. “Ese pabellón está compuesto por una población de 80 internos y podían estar en el patio en ese momento de la tarde; si hubiesen estado todos, probablemente estaríamos hablando de algo mucho más grave”. Sobre las cámaras que no funcionaban en el penal, Carbone dijo que "no fueron cortadas, sino que hace tiempo estaban fuera de servicio". Y sumó: "Tal como lo dijo la fiscal (regional María Eugenia) Iribarren será materia de investigación".
Para el fiscal está claro que “hubo un trabajo de inteligencia, una logística y organización previa”. En cuanto a la orden de captura internacional librada desde el MPA con avisos a Migraciones e Interpol, se indicó que una de las hipótesis es que Mansilla pudo haber escapado hacia Paraguay, donde tiene vínculos que constan en otras causas, relacionados con comercio de estupefacientes. "Es una de las líneas, porque en otros delitos imputados se corroboró que tiene vínculos con personas de Paraguay, y es un posible destino", indicaron desde el MPA.
