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En el marco de las investigaciones caratulas NN s/ Usurpación, el Fiscal Alejandro Rodríguez solicitó al Juez de la Investigación Penal Preparatoria el cese del estado antijurídico sobre el inmueble sito en Barrio La Cortada de la ciudad de Reconquista.
Cumpliendo los protocolos vigentes el MPA trabajó con los equipos interdisciplinarios. Se realizaron varias reuniones, entre las cuales podemos mencionar las mantenidas los días 22 y 23 del corriente mes con los delegados Julieta D; Jaqueline M; Daniela G; Joana O; Silvia G; Yanina R y Daniela G., en la que participaron personal del Municipio de Reconquista, asistentes sociales , funcionarios de hábitat y vivienda, y en algunas de las ocasiones los propietarios del inmueble, KR y EAR.
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Dado la reticencia en abandonar el lugar y habiendo un despojo de una propiedad a sus legítimos dueños y de acuerdo a las evidencias colectadas hasta el momento, en donde resulta plausible la participación de personas en un hecho punible, el Fiscal del MPA para evitar se frustre las pretensiones de las víctimas y que se consolide el provecho u obstaculización de impunidad de los presuntos autores, solicitó al juez disponga provisionalmente las medidas del caso. Son para el cese del estado antijurídico por el hecho investigado, concretamente el desalojo del predio.
El Fiscal Rodriguez manifestó –"que estamos aplicando los protocolos de actuación que implica el abordaje interdisciplinario de la problemática que tiene su raíz social. Aún así en la ocasión hay otros derechos en juego. También una víctima por la cual debemos velar por sus intereses. No hay dudas que la usurpación es un delito penalmente sancionado por el Art.181 del CP."
"Hemos trabajado con los organismos para que en definitiva se pueda resolver el conflicto. Como siempre decimos, que la aplicación del Derecho penal sea la última instancia. Pero no hemos podido a través del diálogo, lograr el fin de la ocupación, por lo que frente a un delito, el Poder Judicial debe actuar y en otros estamentos deberán resolver la cuestión social vinculada al acceso de una vivienda digna".
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"Lamentablemente se ha querido politizar los actos judiciales. Los actos jurídicos son los que están en los códigos y leyes, ni más ni menos hacemos cumplir la ley, principio básico en un estado de derecho. Por lo tanto no hay que confundir a la ciudadanía, dado que ello significa aprovecharse aún más de su estado de vulnerabilidad. El fiscal solo peticiona una medida, acompaña con los indicios recabados de la investigación y es el juez quien la concede o no a la medida. Esto de acuerdo a los elementos de su convicción. A veces se actúa como si el Poder Judicial es quien debe construir las viviendas, lo que revela que hay una clara desviación de las responsabilidades de aquellos que deben velar por el derecho al acceso a una vivienda digna. "