“Necesitamos más Justicia federal, más designaciones de funcionarios en el territorio. Tenemos la misma estructura de casi 20 años atrás para un delito que ha crecido enormemente”, dijo el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti después de la reunión que mantuvo con el nuevo ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.
El reclamo se desprende porque el 37% de los cargos de jueces y fiscales federales de Rosario están vacante, con el agravante de que algunos de esos lugares están en condiciones de cubrirse desde hace cuatro años.
La justicia federal es la que se encarga de investigar el crimen organizado: secuestros, delitos aduaneros, corrupción y el narcotráfico. La guerra del narcotráfico en Rosario es lo que deriva en la violencia con crímenes por encargos, amenazas a jueces y fiscales que vive la ciudad y que llegó hasta la balacera en 2013 a la casa del entonces gobernador Antonio Bonfatti.
En Rosario hay 24 cargos de jueces y fiscales que se encargan del narcotráfico. Nueve de ellos están vacantes, lo que representan un 37% del total, según los registros oficiales.
La ciudad tiene dos juzgados federales penales que están cubiertos con jueces titulares, Carlos Vera Barros y Marcelo Bailaque. La diferencia está en las Fiscalías: son tres con una sola titular, Adriana Saccone, quien a su vez ocupa una segunda fiscalía. La tercera está con un fiscal trasladado de Mar del Plata.
En la Cámara Federal de Rosario hay dos salas que deberían tener tres jueces cada una. Pero tienen dos. Hay una vacante por sala. El concurso para cubrir esos lugares lo finalizó el Consejo de la Magistratura de la Nación el 15 de marzo de 2018 que envió los candidatos al Poder Ejecutivo. En noviembre de 2018, el gobierno de Mauricio Macri le propuso al Senado los candidatos para esos lugares. Pero la Cámara alta nunca los trató. Cuando llegó Alberto Fernández retiró en febrero de 2020 todos los pliegos -una práctica de todos los gobiernos- y el 27 de agosto del año pasado volvió a mandarlos. Pero en el caso de la Cámara Federal de Rosario lo hizo para uno de los cargos. El otro todavía está en el Poder Ejecutivo.
En la Cámara hay una Fiscalía General que está vacante desde 2015. Allí hay un fiscal subrogante, Fernando Arrigo, que a su vez es fiscal ante uno de los tribunales orales de la ciudad.
Para juzgar las causas de narcotráfico en Rosario hay tres Tribunales Orales Federales. Pero uno de ellos, el número 2, no tiene ningún juez titular. Esos lugares son ocupados por los integrantes de los tribunales 1 y 3, quienes algunos de ellos a su vez ocupan hacen juicios en los Tribunales Orales Federales de la ciudad de Santa Fe, donde también hay vacantes. El Consejo de la Magistratura envió el 23 de diciembre del año pasado los postulantes para esos lugares al Poder Ejecutivo que todavía no definió qué candidatos lo propondrán al Senado para su designación.
Otra deficiencia es que el Tribunal Oral 3 no tiene un edificio donde trabajar. Y funciona desde 2017. Lo hace de prestado en las dependencias del Tribunal Oral 1. Inclusive los jueces comparten despacho y no tienen todo el personal que por ley les corresponde.
En tanto, en las tres Fiscalías de juicio hay una vacante porque su titular se dedica exclusivamente a las causas de lesa humanidad. Así, el fiscal Federico Reynares Solari tiene dos fiscalías de juicio.
