Este lunes fueron remitidas desde la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Reconquista, las fojas del expediente del concurso preventivo de acreedores de Vicentin, que había estado en stand by desde mediados del 2022 ante el pedido de avocación interpuesto por una de las firmas acreedoras, Commodities S.A., ligada a la corredora Grassi.
La decisión ahora queda en manos del juez civil y comercial de primera instancia, Fabián Lorenzini quien debe definir si hace lugar a la homologación del plan de pagos a 12 años que presentó Vicentin y que de acuerdo a lo que la defensa de la agroexportadora esgrimió ya logró la doble mayoría exigida por la Ley para ser aprobada, o se inclina por el cramdown, período en el cual Vicentin puede mejorar su propuesta, aunque también queda abierta la chance para que irrumpa un agente externo a la firma en default para hacerse cargo de los activos y establecer otro esquema de pagos que eventualmente logre mayor aval de los acreedores.
Lorenzini deberá evaluar las fechas de la resolución de propuesta concursal, las posibles impugnaciones judiciales que puedan interponer los acreedores disconformes con la Propuesta y la fecha para resolver si el acuerdo es homologable judicialmente o lo rechaza por violación de algunas de las causales que invoca la Ley Concursal.
El mensaje de los jueces de la Corte Suprema estableció además que el concurso preventivo no implique una afectación de la investigación penal que se sustancia en Rosario y que tiene imputados a directivos de la agroexportadora en default.
El máximo tribunal instó, además, que Lorenzini no descuide las fuentes de empleo en el nodo norte, cuyo futuro prácticamente no está mencionado en la propuesta de pago de Vicentin. Por último sostuvieron que el desenlace del concurso que Lorenzini eventualmente pueda aprobar debe considerar la competencia equilibrada en el mercado de granos y sus derivados.