Mientras se nutría la masiva Marcha Federal de la Educación, en la Casa Rosada advirtieron que no hay ninguna auditoría en marcha, ni planes de avanzar con un plan en ese sentido en el corto plazo.
Ávidos por bajar el tono a la discusión que iniciaron la semana pasada, reconocieron, en cambio, que llevarla a cabo le correspondería a la Auditoría General de la Nación (AGN) y no al gobierno nacional, como habían anunciado la semana pasada en el tramo más belicoso de la discusión que se complejizaba a medida que avanzaban las columnas de estudiantes hacia la Plaza de Mayo.
Aquel anuncio del Gobierno salió el jueves del ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello y después fue ratificado de manera particular desde la Secretaría de Educación que maneja Carlos Torrendell.
Además de informar sobre una suba en el presupuesto -que resultó insuficiente para llegar a un acuerdo, como señalaron en la UBA-, el ministerio dijo oficialmente que habían pactado con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para avanzar “en conjunto entre el Gobierno Nacional y las Universidades Nacionales en un programa de auditoría conjunta que mejore y perfeccione los sistemas de auditoria existentes.
Después, el subsecretario de Políticas Universitarias, Carlos Álvarez, redobló la apuesta con un “aviso importante” que dio en la red X: “Pase lo que pase, hagan lo que hagan, por lo menos mientras Javier Milei sea presidente, el dinero de la gente que va a las universidades se va a auditar, la fiscalización del gasto en las universidades está en la ley de Educación Superior”, dijo, con la palabra “auditar” en mayúscula, y adjuntó el fragmento que había citado.
El anuncio y el aviso sobre un control de las cuentas fueron mal recibidos en las universidades. Más allá del malestar por el severo recorte de los fondos, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y el titular del CIN, que lidera la Universidad Nacional de San Luis, Victor Moriñigo, denunciaron que sería inconstitucional, porque se trataría de un intento de “violación de la autonomía universitaria”. “A las universidades nacionales las audita la Auditoría General de la Nación (AGN), que reporta al Congreso, y no al Poder Ejecutivo. Desde su génesis las universidades nacionales son creadas desde el Congreso, con lo cual la AGN es la que tiene jurisdicción. Son cosas para la tribuna”, dijo Moriñigo.
Ante una consulta de Infobae sobre los planes concretos, en la Casa Rosada admitieron que por ahora el anuncio fue sólo eso, por ahora, y que se hizo únicamente para “instalar” el tema en la agenda pública en la previa de la marcha. “Que se hable de eso no es poca cosa”, dijo un funcionario que seguía de cerca el tema.
Es la línea del relato político que bajan Milei y sus asesores en comunicación, liderados por el consultor Santiago Caputo, para justificar el ajuste en los aspectos que supuestamente funcionan mal del sistema.
Por caso, este fin de semana, en lugar de referirse al tema presupuestario -es decir, el eje del conflicto con las universidades-, el Presidente se enfocó en cuestionar los casos de “adoctrinamiento” y “disciplinamiento” en las aulas, con ejemplos de videos que circulaban y replicaba en sus redes oficiales. Y esta mañana el vocero Manuel Adorni se enfocó, durante su conferencia de prensa, en los gastos en estudiantes extranjeros que asisten a la universidad.
Sin guión, en Balcarce 50 reconocieron que la tarea de auditar a las casas de altos estudios le corresponde a la Auditoría General de la Nación (AGN), que está presidida por el dirigente del PJ porteño y ex jefe de Asesores de Alberto Fernández, Juan Manuel Olmos y donde tiene alta influencia el operador judicial Javier Fernández. Y reconocieron que las condiciones políticas para que la AGN avance son adversas. “Hace diez años que no se hace una auditoría universitaria”, señalaron en la sede de la administración nacional con tono iracundo.
Cambiar la cabeza del organismo también es una tarea complicada. Aunque uno de los planes de relativa urgencia para Milei desde que asumió ubicar en la AGN al abogado Santiago Viola (que trabaja codo a codo con su hermana Karina y el dúo Martín-Lule Menem), pero hasta ahora no pudieron. La AGN está a cargo de siete miembros, designados cada uno como auditor general, cuyo mandato dura ocho años, de los cuales tres son designados por Senadores y tres por Diputados).
Además, hoy es prioridad la ley Bases, que se vieron obligados a retirar y volver a discutir con una demora de dos meses. Por lo pronto, no hay ningún plan concreto para las universidades más que el recorte de fondo y un deseo para el largo plazo de arancelar el acceso para “aquellos que puedan pagarlo”, informó Infobae.
