El senador provincial Felipe Michlig manifestó "su plena adhesión" al documento emitido por la conducción de la Unión Cívica Radical (UCR), que preside Carlos Fascendini, en donde se rechaza "contundentemente" la decisión del Gobierno nacional de intervenir y propiciar la expropiación de la empresa santafesina Vicentin de la ciudad de Avellaneda.
A su vez, el Pte. del bloque de senadores de la UCR se solidarizó "con las autoridades políticas de Avellaneda y del departamento Obligado, vecinos, trabajadores y directivos que por estas horas resisten la avanzada estatista y que ayer visibilizaron su rechazo a través de una multitudinaria manifestación social en las ciudades de Avellaneda y Reconquista".
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Desde el Comité de la Provincia de Santa Fe expresamos nuestro firme y contundente rechazo a la intervención efectuada mediante DNU 522/2020 del Poder Ejecutivo Nacional a la empresa santafesina Vicentin;asimismo, adelantamos nuestro total desacuerdo con el proyecto de expropiación de dicha firma enviado al Congreso de la Nación.
La postura de la Unión Cívica Radical (UCR) es de defensa del aparato productivo de la provincia de Santa Fe; orgullosa de su pasado, presente y futuro, el que pretendemos continuar cimentando en base a la pujanza de sus emprendedores, la laboriosidad de su gente, la articulación entre lo público-privado y un entendimiento del progreso asentado en el esfuerzo colectivo.
La posición del partido tiene sus fundamentos en base a las siguientes ideas de pensamiento:
· La intervención dispuesta por el Gobierno resulta un ataque al sistema republicano, en tanto es una clara interferencia del Poder Ejecutivo en la órbita del Poder Judicial.
· Al mismo tiempo, tal medida implica un avasallamiento del régimen federal, atento a que el gobierno nacional está adoptando medidas que le competen a un juzgado ordinario de la justicia provincial.
· La intervención dispuesta resulta un agravio al propio estado de derecho y una extralimitación de facultades por parte del Gobierno Nacional.
· Los intereses nacionales se defienden fijando reglas y ejerciendo firmeza para que se cumplan. Eso es lo esencial e imprescindible; la propiedad estatal no lo es. El propio Ministro de la Producción del gobierno provincial se ha manifestado en este mismo sentido.
· La soberanía alimentaria se construye con políticas de Estado que combinan múltiples instrumentos como el desarrollo de infraestructura, regulaciones eficientes del uso del suelo, el fomento de una distribución más justa y eficiente del suelo productivo, financiamiento al pequeño productor y regulaciones eficaces.
· Vemos con preocupación la continuidad y profundización de un estado de excepción, en cuyo contexto observamos la presente medida.
· La combinación de intervención societaria e iniciativa de un procedimiento expropiatorio no tiene nada de original en el pasado reciente y constituye una insistencia con modelos fallidos y costosos fiscal y socialmente.
· Preservamos la defensa de los intereses locales que esta medida ha ignorado totalmente. El capital productivo local integra el patrimonio social de la región. Desarrollar capital productivo no se logra comprando una empresa ni poniendo al Estado a gestionar, sino con años de una continua construcción de tejido socio –productivo basado en vínculos de cercanía, compromiso, apuesta al crecimiento y responsabilidad social.
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No nos escandaliza la participación del Estado en la economía cuando una intervención virtuosa en el mercado tiene como objetivo la generación de condiciones de igualdad, desarrollo de áreas estratégicas, apertura de oportunidades y defensa de los más débiles en las cadenas de valor. No todo es asimilable a la experiencia de Venezuela.
Sin embargo, no creemos que las medidas tomadas hagan un aporte para la solución de la problemática alimentaria de nuestro país, cuando la empresa concursada es principalmente una agroexportadora de oleaginosas. De la misma manera, tampoco puede convertirse en un actor de relevancia para la formación de precios por la determinación externa de los mismos cuando se trata de commodities.
Por último, pero no menos importante, nos preocupa enormemente la inaceptable inacción del gobierno provincial en la protección de los intereses de los santafesinos, esto no es la problemática de una sola empresa, sino que involucra a los trabajadores, productores, acopiadores, cooperativas, empresas tercerizadas, localidades enteras y todo un conglomerado económico provincial. Una vez más, observamos la falta de iniciativa y pasividad del Gobernador, aceptando los atropellos que el gobierno central hace a una provincia que debe defender con todas sus fuerzas el federalismo.
