A través de un comunicado, el Arzobispo de Rosario Eduardo Martín y el vicario general, monseñor Emilio Cardarelli, aclararon "la puesta en funcionamiento del sistema de recepción de informes".
El escrito recalcó que no se intentará sustituir el "ámbito de competencia de la autoridad estatal", sino que buscaron "adoptar las decisiones administrativas y disciplinares dentro de su propio ámbito de actuación".
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También remarcó que su implementación responde a lo dispuesto por el Papa Francisco, quien pidió, a través de la carta apostólica denominada Motu Proprio, establecer un sistema estable y de fácil acceso al público "para disponer de un lugar de encuentro y escucha. Así como un número telefónico de contacto, y elaborar un informe a fin de remitirlo a la autoridad competente".
En la comunicación, el Arzobispado manifestó que "la Iglesia, en cuanto a las posibles consecuencias jurídicas, se atiene y asume lo que decida la Justicia, que es la única competente para ese fin y a la que se debe acudir".
La denuncia
La presentación la realizó el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Carlos Ensinck. Consideró que la decisión del Arzobispado "trata de suplantar al Ministerio Público de la Acusación (MPA), que es el organismo donde debe reportarse cualquier delito".
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Tanto el fiscal general de la Provincia, Jorge Baclini, como los fiscales regionales de Rosario, Patricio Serjal, y de Santa Fe, Carlos Arietti, recibieron la presentación. La investigación fue asignada a la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Nora Marull.
"La denuncia de cualquier delito debe hacerse en el Ministerio Público de la Acusación, no hay otro lugar", expresó Ensinck.
Con información de La Capital
