Por Carolina Barone*
Erika Ávalos, tenía 25 años, fue asesinada por sicariato de 17 balazos en Firmat, al sur de
Santa Fe. Desde cárcel Federal de Rawson (Chubut) se ordenó su asesinato. Erika fue la
primera víctima de narco femicidio en Santa Fe en 2023.
Según los informes de femicidios, travesticidios y transfemicidios del Ministerio Público
de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, si bien en 2021 la cantidad de femicidios
totales bajó en la provincia, el porcentaje de femicidios en contexto de criminalidad
organizada aumenta.
Para el año 2020 hubo 26 víctimas, 2 (7,7%) tuvieron ocurrencia en
este contexto, mientras que para el 2021, de 19 casos, 5 (26,6%) responden a esta
dinámica. Al momento no están publicados en informes oficiales, ni provinciales ni
nacionales, los datos 2022, sin embargo según el Observatorio de la Casa del Encuentro,
en la provincia la cantidad de femicidios asciende a 57 víctimas. Son números
preocupantes.
El femicidio como máxima expresión de violencia de género en nuestro país se ve
atravesado por una dimensión novedosa que lo complejiza y que está atada a una
realidad que preocupa a la provincia de Santa Fe: la delincuencia y criminalidad
organizada.
Este no es un fenómeno nuevo a nivel internacional. En México, en Ciudad
Juárez, ciudad que refleja el sufrimiento de las mujeres, se comenzó a escuchar la
palabra feminicidio en boca de cientos de familias reclamando por sus madres, hijas y
hermanas desaparecidas y asesinadas de manera casi sistemática.
La ciudad Juárez ha sido un lugar donde proliferó el narcotráfico y el contrabando de todo tipo, y donde se sucedieron olas de femicidios entre las décadas del 90 y 2000, sobre todo de mujeres pobres que migraron a dicha ciudad en busca de mejores posibilidades de vida. A partir del año de 1993, llamaron la atención los Feminicidios en la Ciudad Juárez en donde la incidencia delictiva relacionada con homicidios dolosos de mujeres aumentó drásticamente. Las cifras oscilaron entre 350 y 500 sólo hasta el año 2005.
En respuesta a este fenómeno y luego de la lucha de las familias de las víctimas, en el
año 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta la sentencia mayormente
conocida como “Campo Algodonero” en donde deja en evidencia la falta de
herramientas de México para hacer frente a la violencia de género en general y a las
muertes violentas de mujeres y niñas en Ciudad Juárez en particular. En respuesta a
esto, México propuso la tipificación del delito de feminicidio.
Las diferencias con la realidad de la provincia de Santa Fe parecen ínfimas. Podría bien tratarse de un relato actual de las situaciones que a diario vemos vinculadas al narcotráfico.
Cabe destacar que la forma en que operan estos contextos también van de la mano con
la reproducción de estereotipos de género en la organización criminal. En términos de
Julia Monárrez Fragoso (Profesora-investigadora de la Dirección Regional de Ciudad
Juárez) las mafias no son paritarias sino que son instituciones masculinas en las que el
aniquilamiento por lo general se da contra los hombres menos poderosos; en
consecuencia, también se elimina a las mujeres por ocupar una posición inferior en estas
organizaciones.
Quien por primera vez acuña el término en el país fue la Unidad Fiscal Especializada en
Violencia Contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la nación (MPF),
organismo responsable de adaptar el Modelo de Protocolo Latinoamericano para la
investigación de muertes violentas de mujeres (femicidios/feminicidios) de las Naciones
Unidas (ONU) a la realidad argentina.
En este documento se describen como categorías analíticas los diferentes contextos
femicidas, es decir, los contextos en los cuales se puede encuadrar la muerte violenta de
mujeres por razones de género.
Así, la UFEM describe a los femicidios en contexto de
criminalidad organizada como hechos que “Ocurren en el marco de organizaciones
criminales o de bandas organizadas de menor envergadura dedicadas a acciones ilícitas
(como puede ser el caso de la narcocriminalidad/narcomenudeo, la trata de personas, o
los tráficos variados)” (32; 2018).
En el mismo sentido, desde 2017 en Argentina se instruyó una guía de actuacion policial para la investigación de muertes violentas de mujeres donde incorpora este escenario femicida (res 1278/2017, MSN).
Es importante subrayar que la vulnerabilidad socioeconómica incide en este tipo de
situaciones. Según Campbell (2008), los factores económicos y culturales determinan el
involucramiento de las mujeres en el tráfico de drogas y los efectos en su vida, pero
estos dependen de la clase social en que se encuentran.
A modo ilustrativo, las mujeres de clase baja participan del comercio ilegal de drogas generalmente por necesidad económica, y como resultado, están más dispuestas a asumir roles minoritatios o subalternos dentro de las cadenas de tráfico y transporte de estupefacientes.
El impacto mayor del Crimen Organizado es la violencia que ha generado de manera directa y dramática en la vida cotidiana de las personas. En este contexto, las mujeres experimentan una mayor inseguridad y corren un riesgo de violencia basada en la discriminación de género y centrada en su sexualidad, que en muchas ocasiones
culmina en asesinatos.
En un contexto de criminalidad organizada las mujeres se convierten en muchos casos en moneda de cambio, pueden usarse sus cuerpos para vender o trasladar droga, o incluso para cumplir deseos sexuales de los hombres con poder dentro de la organización.
Para acompañar esta afirmación, el Protocolo UFEM señala que los signos o indicios de los femicidios en estos contextos tienen una amplia dimensión territorial y en muchos casos son usados como objetos en las propias dinámicas de actividad delictual: “En esos
contextos, los homicidios de mujeres suelen emerger de su utilización como mercancías,
como producto de venganza entre bandas, por el escaso valor asignado a su vida o
como respuesta a su desviación en relación a lo que se espera que sea su
comportamiento de acuerdo al status de su género” (32; 2018).
Una vez más, las mujeres son las que quedan más expuestas ante este tipo de
situaciones. El aumento de los femicidios en contextos de criminalidad organizada en
la provincia debe imponerse como una señal de alarma y no como una simple
casualidad.
La vinculación con el narcotráfico es directa y debe ser atendida con urgencia a través de políticas intersectoriales que por un lado, ataquen al problema en su integralidad y que por otro, analicen exhaustivamente el cruce entre los femicidios y estas dinámicas delictuales para comprendan el lugar de las mujeres en estas redes y las dinámicas socioeconómicas que acompañan su vinculación con las economías ilegales.
Este tipo de intervenciones, permitirá diseñar mecanismos de intervención que faciliten
otro tipo de mecanismos de inserción sociolaboral. Por otro lado, en el corto plazo es
fundamental la asistencia de familiares y víctimas colaterales de los hechos como ser
hijos/as de las víctimas a partir de la plena implementación de la Ley Brisa y mecanismos de política pública vigentes con un pleno involucramiento del gobierno de la provincia, adaptando estos mecanismos de respuesta a su realidad. La violencia de género más ostensible es aquella que ocurre ante nuestros propios ojos pero que muchas veces nos negamos a ver.
*Santafesina; Magíster en Políticas Públicas Universidad Austral; Licenciada en Gobierno
y Relaciones Internacionales; Directora General de la Mujer del GCB
