Las medidas que comenzaron a fines de abril y perjudicaban al municipio rosense finalizaron luego de noventa días. La jueza Marisol Usandizaga dispuso que el reclamo de los meses de salarios adeudados se realice por la vía legal.
Luego de tres meses de conflicto, la municipalidad volvió a funcionar de forma normal. Respecto a lo sucedido, el intendente Javier Mayer dijo: “El conflicto se destrabó con una medida cautelar de la jueza Usandizaga que, básicamente no hizo más que poner la situación a derecho, dictando un cese del estado antijurídico que estábamos padeciendo desde hace tres meses, con bloqueo de maquinarias y diferentes situaciones que se fueron dando”.
Mayer contó que: “Hubo dos días de paro provincial, 27 y 28 de abril. En estos ocho años de gestión los paros provinciales yo no los financio, no uso la plata de los rosenses para financiar una medida de fuerza. Acompaño las medidas como intendente. Un grupo de trabajadores decidió adherirse a esa medida de fuerza por cuestiones que no tiene nada que ver el municipio. Se les descuentan esos dos días y empezaron un paro por tiempo indeterminado, estando tres meses de paro pretendiendo cobrar esos días y luego los meses que estuvieron en huelga”.
El intendente informó: “Tuve que hacer acuerdos con los empleados, quienes quisieron hacerlos de manera particular con el municipio para reintegrarse al trabajo, porque entraron en una rueda que no se podía salir. Están en derecho de ejercer el derecho a la huelga, es totalmente legítimo pero no a realizar bloqueos y el uso de la violencia, cuestiones que están totalmente penadas ante la ley”.
“A nivel local había un tinte político, el Sec. Gral. es un puntero. Pero lo que tiene que observar la población es la inoperancia absoluta de la justicia. Teníamos 50 denuncias en tres meses, donde la misma jueza Usandizaga le dice a la fiscalía de Cañada de Gómez que ponga en marcha el proceso de las denuncias porque no hubo imputados, detenidos ni proceso, nada. Nos dejaron a la buena de Dios, tuvo que venir un juez y fiscal de otro distrito por la feria, para resolver algo que tendría que estar resuelto desde hace tres meses cuando presentamos la denuncia del bloqueo”.
“El director departamental de Unidad Regional, Sebastián Igonet, en ese momento elevó trece órdenes de denuncia y allanamientos y fiscalía nunca respondió. Tengo cámaras dentro de la maestranza, la represión no fue más que, un trabajador agrede al jefe de comando y ahí la policía reacciono como corresponde. No hubo represión. Si la policía viene con una orden para permitir la salida de maquinarias y vos no lo permitís, no es represión, la policía está haciendo su laburo”.
Asimismo, el intendente enfatizó: “No podemos privar de los servicios a toda la comunidad por la ocurrencia de un grupo de trabajadores que hacen mal uso del derecho a la huelga. El derecho está bien, perfecto, pero sin molestar a los demás. Los derechos nuestros llegan a donde empiezan los del otro. Y acá se transgredió todo”.
“Este paro no lo sostuvo un sindicato, lo sostuvo la fiscalía que permitió que se cometan delitos. Acá hubo robo de materiales, personal municipal agredido, destrucción de maquinaria prestada por productores industriales, y sin embargo no hubo detenciones. Voy a seguir con las causas penales como corresponde, como querellantes vamos a ir hasta el fondo de la situación porque son cuestiones que no tienen que repetirse”.
“Hablé con el ministro de gestión pública, Marcos Corach, quien estaba acompañando la situación en la audiencia con Usandizaga y quería que esto se termine. Pero en Cañada de Gómez siempre encontramos una puerta cerrada de parte de fiscalía. Acá se permitió que una ciudad este tomada tres meses en sus servicios, poniendo en riesgo a una ciudad de quince mil habitantes y creando un perjuicio económico enorme”.
Respecto a los convenios individuales con los empleados, firmados ante escribano, el mandatario indicó: "Hace tres meses que no se trabajaba, les adelanté plata con devolución, firmando en un acuerdo. Fue la manera de destrabar porque no había intenciones de solución, cuando proponíamos algo siempre querían más. En las negociaciones estuvo el Ministro de Gobierno y el Sec. De Fortalecimiento e Integración, pero lamentablemente quien permito esto fue la justicia”.
“En la parte sindical no me meto, la que perdió mucho fue la ciudad de Las Rosas porque se dejó avanzar mucho. Después de tres meses dicen 'hay estado antijurídico'. No, el estado antijurídico estaba instalado hace tres meses cuando se pararon cuatro personas delante del portón municipal y no permitieron la salida de maquinarias. Es gravísimo lo que pasó, y las costas ¿Quién las paga? Hay que pagar estas cosas, cualquiera no puede plantarse ante el Estado con supuestos derechos a defender. Se defiende con la ley, con la legalidad. Si defendés con delitos, prohibiendo la libre circulación, no es defender, son actos delictivos”.
“La justicia tiene que trabajar de forma inmediata, agradezco la intervención pero fue después de tres meses. ¿Qué esperaban? Qué el intendente diga “cuelgo la toalla, me canse”, no. No entiendo que paso”.
Para finalizar, Mayer expresó que: “Se volvió a la normalidad porque la medida cautelar del juez es de cumplimiento obligatorio. Los empleados volvieron a trabajar la mayoría con acuerdos individuales. Pero estos métodos extorsivos funcionan porque la justicia lo permite, cuando hace su trabajo estas cosas se desarticulan. Hoy no tengo más conflicto”.
Escuchar también la nota completa.
