Esta semana Alberto Fernández hizo el anuncio sobre la intervención a la agroexportada que está en concurso de acreedores y a los pocos días se realizó un encuentro en la Quinta de Olivos. Estuvieron presentes el CEO de la empresa Vicentin, Sergio Nardelli y el gobernador de la provincia, Omar Perotti.
Luego, en declaraciones a la prensa, Perotti comentó cómo fue la reunión. Consideró como positivo que “se haya abierto una instancia de diálogo” entre las diferentes partes.
El fallo ordena al Estado pagar, en concepto de honorarios de primera y segunda instancia, más aportes e IVA, la suma de 21.996.899,98 millones de dólares.
En este sentido, se refirió a la postura tomada por el jefe de Estado y aseguró que “el Presidente ha sido muy claro y su objetivo es el rescate de la empresa”. No obstante, y consultado sobre la posibilidad de expropiar la compañía, el Gobernador sostuvo que “si aparecen alternativas superadoras, él (Fernández) está dispuesto a escucharlas”.
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La empresa Vicentin es para el sector agro-alimentario argentino una de las referencias más importantes. Tanto la provincia como la Argentina, son jugadores internacionales de mucho peso. Sin embargo, 72 horas después del encuentro entre el presidente de la Nación y el CEO se conoció un fallo judicial que regula los honorarios por un antiguo juicio que la empresa le había ganado al Estado. Se trata de una demanda de 2009 contra la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuaria por una diferencia de derechos de exportación. Y por la cual no se registraba movimientos desde 2017.
El fallo ordena al Estado pagar, en concepto de honorarios de primera y segunda instancia, más aportes e IVA, la suma de 21.996.899,98 millones de dólares. Y dejó en claro que se habilitó la feria judicial extraordinaria, provocada por el ASPO, para que haya resolución.
Según se ve en el escrito, la resolución no fue firmada por el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde. Sino que, por sorteo, se nombró a un conjuez quien rubricó el fallo.