La iniciativa obliga a los titulares de locales bailables o espectáculos públicos a contar con sistemas de videocámara internos y externos en funcionamiento, como requisito para obtener la habilitación del lugar. Además, la iniciativa impone duras sanciones ante la falta de entrega del material fílmico a la justicia.
La intención de los ediles Alejandro Rosselló, Daniela León, Germana Figueroa Casas, Carlos Cardozo y Ana Laura Martínez es modificar dos artículos de la ordenanza 7218, de espectáculos públicos, aprobada en el año 2001. Así, en el artículo 3.3 agrega que los titulares de las habilitaciones de los espacios destinados a realizar espectáculos públicos, sean abiertos o privados, “deberán contar con un sistema de videocámaras dentro y fuera del local, ubicado de manera tal que pueda tenerse una visión acabada de cada sector del local”.
“Es inadmisible que hoy en día, teniendo en cuenta la alarmante situación de violencia extrema que vivimos los rosarinos y rosarinas, un local bailable o cualquier espacio donde se realicen espectáculos públicos, donde acuden miles de personas, no cuente con un adecuado dispositivo de videovigilancia en funcionamiento”, sostuvo la concejala Ana Laura Martínez.
En ese sentido, apuntó que “si el sistema de cámaras del boliche Ming, de La Fluvial, hubiese funcionando de forma correcta, hoy la Justicia contaría con elementos mucho más sustanciosos, seguramente, para resolver la muerte de Carlos Orellano, que nos sigue desvelando a todos y no vemos avances con el paso de los días”.
Incluso, para aquellos locales ya habilitados en la ciudad de Rosario, actualmente alrededor de 250, la iniciativa dispone que contarán con un plazo de sesenta días para adecuarse a la ordenanza, en caso de aprobarse en el Concejo.
De acuerdo a estimaciones que realizaron los concejales del interbloque, el costo de adquisición de un equipo estándar con 8 cámaras ronda entre los 30.000 y 50.000 pesos.
Además, el proyecto también cambia el artículo 38 de la 7218/2001, fijándose el concepto de infracción o falta grave frente a la negativa del titular del local para hacer entrega del material fílmico, ya sea por requerimiento judicial y/o administrativo. La sanción podría establecer desde multas económicas hasta la clausura definitiva del lugar. “Consideramos que es urgente actualizar la legislación de la ciudad a la situación actual, porque la ordenanza anterior claramente ha quedado obsoleta”, manifestó Martínez.
En una primera instancia, el proyecto será analizado por las comisiones de Gobierno y de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana. “Estamos abiertos al debate, pero nosotros consideramos que la seguridad de los rosarinos y la Justicia hoy deben estar por encima de muchos otros aspectos que se puedan evaluar”, subrayó la edila.
Por último, desde el interbloque también recalcaron como un punto importante a reglamentar la capacidad de almacenamiento de estos equipos requeridos, con el objetivo de que puedan guardar las imágenes en alta calidad por un lapso de 30 días aproximadamente.
