En febrero, la Justicia corrió al interventor de la cooperativa de estibadores portuarios de Puerto San Martín, el contador Roberto Pasqualino, en medio del escándalo por un presunto proceso de vaciamiento de la entidad al girar millones de pesos que la cooperativa tenía depositados en el Banco Nación a mutuales del financista Guillermo Whpei.
Ahora, su sucesor -el ex intendente de Puerto San Martín Daniel Sorrequieta, quien había sido designado, precisamente, para cortar con el vaciamiento- acaba de ser denunciado al descubrirse que, en una maniobra muy floja de papeles, transfirió en abril la suculenta suma de 1.000 millones de pesos que la cooperativa tenía en el Banco Nación a la mutual de Jubilados Provinciales, que controla Whpei.
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Y así como el financista vuelve a ser el gran beneficiado (recibiendo un suculento fondeo para realizar todo tipo de negocios en un circuito tan sombrío y fuera del alcance del Banco Central como es el de la mutuales), también fue fundamental, al igual que en el pasado, que el juez federal que tiene la intervención Marcelo Bailaque avale la transferencia sin precisar las razones.
Un magistrado que en la denuncia que presentaron 6 estibadores, y a la que tuvo acceso Rosario3, fue calificado de "amigo" de Whpei, un financista de históricos lazos con el justicialismo. Para tener una magnitud de la transferencia, involucró el 15% del patrimonio de la cooperativa, que maneja esos millones porque tiene el 60% del negocio del estibaje en los puertos cerealeros.
Para más escándalo, no aparece la orden escrita del interventor (en la que tendrían que aparecer la razones del movimiento), lo que pone en aprietos a la gerencia de la cooperativa, y tampoco encuentran los certificados de depósito originales ya que en la cooperativa sólo cuentan con las fotocopias.
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"Lo más inquietante del caso es que, además de las irregularidades que presenta la operación, ya que el movimiento de fondos excede las facultades del interventor, la concentración de semejante cifra en esa sola mutual constituye el equivalente a más del 40% del activo corriente de la mutual que hoy tiene los depósitos", señala en la denuncia el abogado Federico Joly, patrocinante de los socios de la cooperativa.
"Supusimos erróneamente que la nueva intervención se abstendría de realizar maniobras tan burdas como peligrosas para los intereses de la entidad. Pero nos equivocamos, pues el interventor Sorrequieta, agravó aún más la situación, y dispuso nuevas inversiones en la misma mutual, por cifras que ahora llegan a los mil millones de pesos", sostienen los denunciantes que piden que los fondos vuelvan al Banco Nación y que el "juez Bailaque se aparte del proceso pues sus decisiones, como la infundada decisión de liberar los fondos para el Grupo Unión de Whpei, habilitan las maniobras fraudulenta".
Con información de Rosario3