En el marco del 86 plenario de rectores y rectoras del consejo interuniversitario nacional, un grupo de manifestantes se congregó frente al rectorado de la UNL para insistir en la revisión de la categoría de “bajo impacto ambiental” que se otorgó a la obra del aulario que se construye en la reserva universitaria.
Hace un mes atrás, ambientalistas levantaron un corte que se prolongó durante diez días sobre la Costanera Este y que impidió la continuidad de las tareas en el lugar.
Este martes, el grupo renovó el reclamo para “exigir que se revise la categorización de bajo impacto ambiental que se le otorgó a la obra”, explicó Gustavo Gutscher, integrante de Comunidad por la Naturaleza.
Si bien se abrió una mesa de diálogo luego de las protestas, ella no logró “avances cualitativos”, reseñaron los manifestantes, quienes exigieron rediscutir una “universidad de vanguardia que no dispute con el ambiente”.
“Hemos presentados notas al Ministerio de Ambiente provincial y a la municipalidad de Santa Fe para tener acceso a los expedientes que otorgaron a la obra como de bajo impacto ambiental ya que ese lugar tenía una función de patrimonio cultural para los santafesinos. El hecho que se construye ahí significa perder la única reserva urbana de la ciudad, mientras se están vulnerando los derechos humanos y ambientales de mantener los pocos espacios verdes que tenemos”, aseguraron al móvil de Cadena OH!.
En el 2017, con las autorizaciones y aprobaciones de la Municipalidad y la Provincia de Santa Fe, la UNL realizó un Concurso Nacional a través del Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe, integrante de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos, elaboró los pliegos de condiciones generales y particulares, y llevó adelante una licitación internacional que dio como resultado la adjudicación de la obra a la empresa Coemyc S. A. El proyecto cuenta con financiamiento internacional de la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina.
El proyecto fue autorizado por la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe ya que se ajustaba a su reglamento de ordenamiento urbano y al reglamento de edificación vigente. El proyecto cuenta con financiamiento internacional de la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina.
El proyecto fue evaluado por la Dirección General de Desarrollo Sustentable del ex Ministerio de Medio Ambiente de la provincia y fue categorizado como de bajo impacto ambiental (Disposición DGDS Nº 37/2017).
